CAPÍTULO III

La declaración de independencia de Trujillo y la comunicación con los demás pueblos de su territorio para que sigan el mismo ejemplo dio empuje al avance patriota. El norte, hacia enero, es independiente. Las principales ciudades norteñas juran la independencia: Piura, Cajamarca, Tumbes y Chachapoyas. Meses después, con dificultad, le siguieron Jaén, Moyobamba, Motilones, Lamas, Tarapoto y Cumbasa. Los realistas trataron de detener este avance, pero fue en vano, dado el apoyo popular en el norte y la selva. Por esta razón, se produjeron algunos enfrentamientos.

El gobernador de la Comandancia de Maynas, Manuel Fernández Álvarez, al enterarse de que Chachapoyas había jurado la independencia, decidió retirarse hacia el distrito de La Laguna. En Moyobamba, la expedición patriota, al mando de Pedro Pacasio Noriega, fracasó. Fernández Álvarez, al saber de la noticia, avanzó hacia Moyobamba y, desde allí, emprendió una expedición para recuperar Chachapoyas. Una fuerza realista, al mando del coronel José Matos, fue detenida el 6 de junio en su avance hacia Chachapoyas por un contingente local dirigido por Mariano Aguilar, produciéndose la batalla de Higos Urco, donde tuvo un destacado papel Matiaza Rimachi. Luego de esta derrota, Fernández Álvarez consideró abandonar el Perú.

En Chachapoyas, el gobernador Fernández Álvarez ofreció acordar un armisticio al coronel patriota Juan Valdivieso. Se acordó que el cabildo de Moyobamba nombrase a sus diputados para entrevistarse con Valdivieso. Se reunieron con él, en Taulía, el alcalde José Martín Dávila, el capitán de granaderos Isidoro Reátegui y el administrador de correos Joaquín Ramos. Valdivieso les informó sobre los últimos acontecimientos que favorecían a la causa patriótica, como un oficio de fecha 25 de julio de 1821 de Torre Tagle en el que se informaba sobre la entrada de San Martín en Lima y la decisión de la capital de jurar la independencia. Se acordó imitar lo seguido en la capital y ordenaron la jura de la independencia de Moyobamba para el 14 de agosto, señalando que el 19 de agosto se diese la ceremonia. No obstante, el peligro realista no se había disipado. Por esta razón, el capitán José María Egúsquiza fue enviado desde Trujillo por Álvarez de Arenales para fortalecer la defensa de la región. Llegó a Moyobamba en enero de 1822 y nombró a Domingo Alvariño como nuevo gobernador. Se conformó también un cuerpo de cazadores para la defensa de la ciudad. De hecho, en los siguientes meses debieron enfrentar los ataques realistas en Loreto y Moyobamaba, lugares que fueron tomados. Moyobamba fue recuperada el 25 de setiembre de 1822.

La crisis en el mando realista. Las decisiones del virrey Pezuela llevaron a que los rebeldes avanzaran posiciones y tomasen ventaja. El 29 de enero de 1821, en el campamento de Aznapuquio, al norte de la ciudad de Lima, oficiales realistas —entre ellos el general José de Canterac, el coronel Gerónimo Valdés, los comandantes Antonio Seoane y Andrés García Camba— presentan un manifiesto del estado mayor realista acantonado en Aznapuquio al virrey, en el que se denuncia que

un enemigo inferior en fuerzas y recursos desembarcó en nuestras costas, confiando más en la apatía e ineptitud del gobierno […] el enemigo prosperó cuanto le permitía el país; se proveyó de caballos, víveres y reemplazos, su establecimiento en tierra se hizo con la misma tranquilidad que se pasan los límites de una provincia a otra […]

El documento, además, señala culpable de estos hechos al virrey, demandándole su renuncia, al señalar que

Deposite en otras manos el gobierno de un país que en los suyos está perdido. Estos son los del Excelentísimo Sr. Dn. José de la Serna designado por la opinión del ejército […] cuyo único mando podrá evitar una división general o guerra civil […] cuya contestación aguarda en el término de cuatro horas […]

El teniente general José de la Serna, al frente de las operaciones militares, había sido uno de los principales críticos de las acciones del virrey, con quien tuvo desavenencias. La autoridad del virrey estaba siendo cuestionada no solo por De la Serna sino también por Pedro Antonio de Olañeta en el Alto Perú. A Pezuela no le quedó otra alternativa que dejar el mando a De la Serna. El virrey mandó a redactar su protesta al subinspector José de La Mar, que fue leída ante la presencia de otros jefes militares. Al terminar, le fue entregado su pasaporte con la orden de retornar a la península.

De acuerdo con Vargas Ugarte, la noticia del motín de Aznapuquio, al difundirse en los ambientes públicos de la capital, generó descontento entre la población y desconfianza sobre las intenciones de los amotinados. A pesar de estas sensaciones, el nuevo virrey fue recibido por una muchedumbre que lo aclamaba en medio de la posible reacción del pueblo. Al llegar Pezuela a España, fue premiado por el rey con la gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo y el título de conde de Viluma. Falleció en 1830 en Madrid. La Corte aprobó el nombramiento de De la Serna y no tomaron ninguna medida disciplinaria contra los amotinados de Aznapuquio.

El Reglamento Provisional fue promulgado el 12 de febrero de 1821. San Martín, desde su cuartel general, en Huaura, estableció las bases de una organización política, militar, económica y judicial para mantener el orden en las regiones liberadas y enfrentar la guerra. Se buscaba que los territorios independientes estuviesen organizados para recaudar fondos para el Ejército Libertador. Se estableció que la sede administrativa y judicial fuera Trujillo y se dividiese el territorio en cuatro departamentos: Trujillo (Cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas), Tarma (Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco), Huaylas (Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Humalíes y Huánuco) y la Costa (Santa, Chancay y Canta). Cada departamento tenía un presidente; en los partidos, un gobernador; y en los pueblos, un teniente gobernador.

Las atribuciones de estas autoridades son militares (proponer la creación de nuevos cuerpos de milicias, arreglar su economía y hacer las propuestas de oficiales a la capitanía general), de justicia (causas civiles y criminales) y económicas. Cada departamento contaba con un agente fiscal con quien se tratara temas relativos al erario público y promover “el aumento y conservación de la riqueza pública”. El derecho del patronato es reasumido por la capitanía general y el de vicepatronato por los presidentes de los departamentos. La jurisdicción eclesiástica no cambiaba en cuanto a su administración y se hallaba sujeta al derecho común canónico.

En lo relativo a la justica, se estableció la Cámara de Apelaciones en el departamento de Trujillo, compuesta por un presidente, dos vocales y un fiscal, que en los actos oficiales tenían el tratamiento de “excelencia”. Sus atribuciones eran conocer las causas y casos que antes conocían las audiencias, salvo las de mayor cuantía (más de quince mil pesos), que se reservaba a los tribunales que estableciese el gobierno central. Respecto a qué legislación seguir, se indicaba que toda aquella que no esté en oposición “con los principios de libertad é independencia proclamados, con los decretos expedidos desde el 8 de Setiembre anterior, y con lo establecido en el presente, quedan en su fuerza y vigor, mientras no sean derogados, ó abrogados por autoridad competente”. Además, se estableció que, mientras dure la guerra, “todas las causas de infidencia, traición, espionaje, o atentando contra el orden autoridades constituidas, serán privativamente del conocimiento de la Capitanía General, á cuya disposición deberán remitirse los reos, con las correspondientes sumarias formadas por el juez del distrito para su decisión, conforme a las leyes”.

El 12 de abril, una división, al mando de Álvarez de Arenales, salió de Huaura hacia Pasco, iniciando la segunda campaña en la sierra central. Fue necesario controlar la región dominada por los realistas, pero también para sacar a las tropas del cuartel de Huaura donde caían víctimas de enfermedades como el paludismo. La fuerza se hallaba conformada por el batallón 1, el de los Andes, el Numancia, el Regimiento de Granaderos a Caballos y treintaidós artilleros con cuatro piezas de artillería de montaña. Eran aproximadamente dos mil doscientos hombres. A ellos se unieron las tropas comandadas por Agustín Gamarra, así como guerrillas de montoneros, lideradas entre otros por Ignacio Quispe Ninavilca, con lo cual llegaban a aproximadamente tres mil hombres. En la primera parte de esta campaña, Álvarez de Arenales se dirigió a Cerro de Pasco para enfrentar al general Carratalá, quien contaba con setecientos soldados. No obstante, el conocimiento del realista de la región, unido a los errores patriotas, llevó a que siempre se encontrara delante de ellos, arribando a Huancayo. Cuando se preparaban para cortarle el paso a Huancavelica, llegó un parlamentario con una bandera blanca, comunicándole del armisticio de Punchauca. Este hecho benefició a Carratalá que pudo proteger a sus tropas y llevarlas a Huamanga. Álvarez de Arenales esperó en Jauja que el armisticio terminase.

En la segunda parte de la campaña, los patriotas procedieron a retirarse hacia Lima. En este contexto, los realistas habían reunido más fuerzas: Canterac llegaba con cuatro mil hombres para unirse a Carratalá. Al mismo tiempo, De la Serna salía de Lima rumbo a la sierra. Álvarez de Arenales estaba a punto de enfrentar a Canterac en Izcuchaca, pero recibió una carta de San Martín en la que le indicaba que no atacase si no estaba seguro de ganar y poder replegarse a Tarma o Lima en caso de un contraataque. Álvarez de Arenales no atacó para suerte de Canterac porque este había perdido la mitad de su tropa cuando llegó a Chongos el 12 de julio. Álvarez de Arenales, informado que las fuerzas del virrey se encontraban en Yauli, se propuso encontrarlo, pero sin éxito, debido a que el virrey había cambiado de rumbo por el ataque de las guerrillas indígenas de Ninavilca.

Álvarez de Arenales llegó a Lima el 4 de agosto; había perdido más de mil hombres en la campaña, entre muertos y desertores. Fue un fracaso dado que permitió a las fuerzas realistas reunirse en la sierra. Al establecer su gobierno en el Cusco, De la Serna contó con mejores condiciones para defender la causa realista, pudiendo montar algunas operaciones para amenazar al gobierno peruano.

El nuevo gobierno constitucional en la península se planteó como una nueva política para pacificar América y mantener la integridad de la monarquía: enviar comisionados a Río de la Plata, a la Gran Colombia y al Perú para negociar con los independentistas, enterarse de sus reclamos y proponer acuerdos. Al Perú se envió a Manuel Abreu, quien desembarcó en Paita para llegar a Huaura el 25 de marzo, con el objetivo de entrevistarse con San Martín. Le quedó claro que el Libertador no iba a aceptar la Constitución gaditana y que lo primero para negociar era reconocer la Independencia del Perú. Abreu continuó su viaje a Lima, donde llegó el 1 de abril. La visita previa de Abreu a San Martín causó malestar en el virrey De la Serna; esperaba que el comisionado se dirigiese primero a él y después al rebelde. Se formó una junta compuesta por el general Canterac, el capitán José Ignacio Colmenares, y los mariscales de campo Manuel del Llano y José de La Mar. El 10 de abril, Abreu le escribió a San Martín, solicitándole iniciar las negociaciones. Este contestó el documento seis días después, acordándose que la reunión se concertaría en la hacienda Punchauca. Ambas partes nombraron delegados, reuniéndose en el mencionado lugar a partir del 4 de mayo, acordándose un armisticio por veinte días.

El 2 de junio, San Martín y De la Serna se reunieron en Punchauca. San Martín esbozó una propuesta para que el Perú se convirtiera en una monarquía constitucional con un príncipe español como rey. La respuesta de los realistas fue de que el gobierno español estaba de acuerdo ello se suspendería la guerra. Abreu mencionó, además, que otro plan de San Martín, para llevar a cabo una transición pacífica, era conformar una regencia, cuyos miembros serían tres vocales: De la Serna (presidente); otro nombrado por este; y otro, por San Martín. Se procedería a unir los ejércitos, declarar la independencia y San Martín partiría a España a pedir que la Corte nombrase un príncipe como rey del nuevo país. La respuesta de los realistas fue que no podían atribuirse la soberanía nacional ni hacer tratados semejantes. La contrapropuesta de De la Serna fue dividir en dos el territorio del virreinato, a partir del río Chancay (Lima): en el norte, un gobierno independiente, y en el sur, un gobierno constitucional leal a la Corona gobernado por una junta en la que San Martín podría nombrar miembros. Mientras tanto, De la Serna viajaba a la península para consultar a las Cortes. Las conversaciones continuaron y se prolongó el armisticio hasta el 30 de junio. Llegada la fecha, no se llegó a ningún acuerdo. Las conferencias habían servido más para ganar tiempo y movilizar a los ejércitos de ambos bandos. De la Serna optó por abandonar Lima el 6 de julio, dirigiéndose al Cusco. La audiencia de aquella ciudad lo invitó a establecer ahí la capital del virreinato.

El retiro del virrey y su ejército de Lima causó pavor en la población, debido a la presencia de guerrillas y bandas de criminales en los alrededores. Sin una fuerza armada para evitar desórdenes, las autoridades limeñas acordaron con San Martín su ingreso y el de su ejército en Lima. El 10 de julio, San Martín desembarcó en Chorrillos y entró en Lima en la noche, tratando de pasar inadvertido, pero fue reconocido y recibido como un salvador, un héroe. Ante tal situación, el Libertador dio una proclama:

Habitantes de esta Capital: Ya habéis visto al intruso La Serna, que en unión de los jefes militares atrevidos y desenvueltos ha marchado dejando a todos en confusión y abandono, después de haber saqueado las propiedades de personas honradas y de atentar sacrílegamente contra los mismos templos. Olvidemos compatriotas a esos criminales, pues ya veis a la deseada patria venir presurosa a daros la libertad. Ella va a ser el centro de vuestros encantos, delicias y seguridad. Uníos a ella con recios nudos de alianza. Es concluida amabilísimo pueblo para siempre la rivalidad. Dad ejemplo de vuestras virtudes a las naciones todas, y condénsense los aires de vivas y noticias, de que estrechados los pueblos (oprimidos grande tiempo) con el ejército libertador van a ser felices sempiternamente. El Gral. San Martín espera que a vuestros contentos se una el mejor orden: mas si contra sus esperanzas alguno osase infringirlo, prepara la rectitud para escarmentar severamente a quien perturbe el sosiego

San Martín se dirigió al cabildo el 12 de julio para que se estableciera una consulta al pueblo para declarar la independencia. Convocados por el cabildo, el 15 de julio los principales vecinos de Lima aprobaron el Acta de Independencia redactada por Manuel Pérez de Tudela. Aquel día, trescientos vecinos habían firmado el Acta de Independencia, cantidad a la que se añadieron más vecinos, dado que el acta estuvo disponible para la firma hasta el 4 de agosto.

Luego de la decisión tomada por los vecinos notables de Lima y con acuerdo de San Martín, se designó el 28 de julio de 1821 como el día en que se llevase a cabo la jura de la independencia. Entre los preparativos, es importante resaltar la confección del estandarte que reemplazaría al pendón real, el cual había sido diseñado por el protector el 18 de julio. Por otra parte, se estableció que los vecinos iban a mantener iluminadas sus casas desde el 17 hasta el 29 de julio, y se levantaron arcos triunfales en el trayecto de la comitiva. Cuando llegó el día central, las campanas y los vecinos salieron a las calles a presenciar el evento patriótico, portando escarapelas. Se unieron también las corporaciones de la ciudad, como la universidad, los colegios, las órdenes religiosas, los oidores y el cabildo, entre otros.

En la Plaza Mayor, se levantó un tabladillo donde San Martín flameó el nuevo pabellón nacional y pronunció las siguientes palabras:

Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende.

Bajo el control patriota de la capital peruana, San Martín dio las primeras medidas para establecer un nuevo orden político y social con mayores libertades, y, sobre todo, atender la guerra. Para tal cometido, fue necesario la formación de una institucionalidad estatal. En tal sentido, el 3 de agosto, San Martín suscribió el decreto que lo nombra protector de la Independencia del Perú; en su persona unía el mando político y militar. Además, creó tres ministerios: Estado y Relaciones Exteriores, a cargo de Juan García del Río; el de Guerra y Marina, a cargo de Bernardo de Monteagudo; y el de Hacienda, a cargo de Hipólito Unanue. Dicho sistema de gobierno, una dictadura, solo tendría vigencia hasta que se estableciera su reemplazo mediante representación nacional. San Martín se mostraba renuente a llamar a un Congreso, dado que podría generar conflictos políticos que, en un contexto de guerra, era perjudicial.

El Protectorado se enfocó en crear una institucionalidad estatal. Entre sus primeras medidas, se decretó la libertad de vientres, se abolió el tributo indígena, se promovió la enseñanza primaria adoptando el sistema lancasteriano, se creó la Biblioteca Nacional, se reglamentó la administración de justicia y se nombró como medio oficial a la Gaceta del Gobierno. Se dictó el primer impuesto protectoral, la contribución patriótica, orientada a saldar los gastos del Ejército Libertador, se dio el Reglamento de Comercio, se suprimieron aduanas terrestres, y se declararon libres de derechos el azogue, los libros, instrumentos científicos y maquinaria, entre otras medidas. José Boqui fue nombrado director de la Casa de la Moneda y se llevó a cabo reformas de carácter monetario. Se creó también un banco de emisión de billetes y papel moneda. Se convocó a un concurso público para elegir la Marcha Nacional, resultando ganadora la composición de José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, que fue interpretada por primera vez el 23 de setiembre por Rosa Merino. Se creó el Reglamento del Juzgado de Secuestros (23 de octubre), para regular el secuestro de bienes de los españoles realistas iniciada desde el bando del 18 de julio, que fue abolido el 24 de diciembre de 1823.

El 8 de octubre, San Martín decretó el Estatuto Provisorio “para el mejor régimen de los departamentos libres, interín se establece la Constitución permanente del Estado”. Compuesto por cuarentaitrés artículos, se centró en definir los alcances políticos del Protectorado y garantizar algunas libertades individuales (imprenta, propiedad, etc.). San Martín asume el “poder directivo del Estado” con funciones similares a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin ninguna atribución en el ámbito judicial porque “su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”. El protector tuvo un Consejo de Estado compuesto por doce miembros: “los tres Ministros de Estado, el Presidente de la Alta Cámara de Justicia, el General en Jefe del Ejército unido, el jefe del E.M.G. del Perú, el Teniente General Conde de Valle Oselle, el Dean de esta Santa Iglesia, el Mariscal de campo Marqués de Torre-Tagle, el Conde de la Vega y el Conde de Torre-Velarde”.

La independencia de Quito fue el resultado de un proceso que se inició en 1808, como consecuencia de las reformas borbónicas y la crisis de la Corona española, y concluyó en 1822. Este proceso buscaba romper los lazos coloniales entre la Real Audiencia de Quito y el Imperio español, en el que la proclamación de la independencia en Guayaquil, en 1820, marcó el comienzo de la búsqueda de la independencia de Quito, concluyendo con la batalla de Pichincha.

El 9 de octubre de 1820, Guayaquil proclamó su independencia, y convocó un congreso en el que José Joaquín de Olmedo fue elegido como presidente de la nueva República. En tanto quedaba pendiente la liberación de importantes ciudades de la otrora audiencia, como Quito y Cuenca, su primera medida fue formar un ejército que pudiera liberarlas. Ante el fracaso de su campaña militar, Olmedo solicitó ayuda a Bolívar y San Martín. Eran los aliados naturales, dado que ambos estaban acercándose por el norte y sur, respectivamente, a Quito. El avance del ejército de Bolívar había logrado la independencia de Venezuela y la formación de la Gran Colombia. En el sur, San Martín hacía lo propio con el virreinato peruano, sobre todo controlando la parte norte. Para Olmedo esta era una buena situación para lograr una alianza con los libertadores, en tanto no se comprometiese la adhesión territorial de Guayaquil o de Quito a las nuevas Repúblicas. Este punto es importante porque tanto Bolívar como San Martín apelaban a las fronteras naturales de los virreinatos de Nueva Granada y el Perú.

El acuerdo finalmente se concretó y Bolívar envió en enero una expedición al mando de Sucre con mil setecientos hombres, y San Martín, una división del recién creado ejército peruano al mando de Andrés de Santa Cruz con mil seiscientos veintidós hombres. No obstante, en el convenio con Bolívar se estableció que Sucre tenía el mando de todo el ejército y que Quito debía quedar bajo la protección de la Gran Colombia. Ambos ejércitos consiguieron recuperar la ciudad de Cuenca el de 21 febrero. Tras las batallas de Riobamba (21 de abril) y Pichincha (24 de mayo), se derrotó finalmente a los realistas. El 25 de mayo, la capitulación fue firmada ante el ejército de la Gran Colombia. Además, el cabildo de Quito fue obligado a reconocer, en nombre de todo el reino de Quito, la “soberanía” de Colombia. En junio, llegó Bolívar a esta ciudad y, contra los deseos de Olmedo, fue integrada a la Gran Colombia.

En el Perú, la declaración de independencia en Lima no significó mucho en términos militares. José de San Martín controlaba la región del norte y la costa central, mientras que el virrey De la Serna, la sierra central y el sur. Para derrotar a los realistas, debía organizar un plan para cercarlos y vencerlos. Para ello se necesitaba recursos que pronto escasearon. En Lima, Thomas Alexander Cochrane —gran aliado en la Expedición Libertadora— se retiró con su escuadra por problemas de pago de sueldos y discordias políticas con San Martín. Como si eso fuera poco, el favor popular comenzaba a perderse por las ideas monárquicas de San Martín y Bernardo de Monteagudo.

Con ese escenario, San Martín decidió buscar ayuda en Río de la Plata, pero en tanto pasaba por sus propios conflictos internos no había posibilidad de otorgar apoyo. Sin ninguna otra opción, San Martín vio en Bolívar un aliado importante para conseguir los recursos que necesitaba para proseguir con la guerra de la independencia en el Perú, y también, para discutir el destino de Guayaquil, zona estratégica recién independizada.

De acuerdo con Arturo Capdevila, San Martín delegó el poder del país a la élite limeña y expresó: “voy a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia; los intereses generales de ambos Estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América, hacen nuestra entrevista necesaria. El orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa”. El 14 de julio, el Libertador salió del Callao y arribó a Guayaquil once días después. El 26, Bolívar lo fue a ver en la goleta Macedonia y le invitó a desembarcar. San Martín fue recibido con honores por los militares y la élite de Guayaquil. El 27, se reunió con Bolívar durante cuatro horas. No quedó registro de los temas tratados en la entrevista, pero es de suponer que era sobre la continuación de la guerra en el Perú. Después de la reunión fue invitado a una fiesta y en la madrugada del 28 se retiró.

Si bien la agenda y conclusiones de la entrevista resulta un misterio, estos se pueden deducir por las acciones y hechos posteriores. San Martín no logró conseguir ninguno de sus objetivos: Guayaquil terminó quedándose en manos de la Gran Colombia, y Bolívar no aceptó la unión de los ejércitos libertadores, ofreciendo solo el envío de unos cuantos hombres de su armada. La renuncia de San Martín al Protectorado en su regreso al Perú dejaba en claro que Bolívar buscaba liderar la campaña libertadora en el Perú.

Declarada la independencia, fue necesario convocar a un cuerpo representativo de todo el territorio peruano que, además de establecer una carta que definiese los derechos y la forma del Estado, debía legislar conforme con los ideales del nuevo sistema político. Este cuerpo daba legitimidad a las acciones del Ejecutivo. No obstante, la convocatoria para conformar este Congreso fue realizada por José de San Martín mediante el decreto del 27 de diciembre de 1821 con solo dos objetivos: “establecer la forma definitiva de gobierno y dar la constitución que mejor convenga al Perú”, con el plazo de instalarse el 1 de mayo de 1822. Una comisión conformada por siete miembros debía elaborar el reglamento de elecciones y los presidentes de departamentos levantar en un plazo de tres meses un censo para conocer la cantidad de ciudadanos con derecho a voto.

El reglamento fue publicado el 26 de abril de 1822, disponiendo que la nueva fecha de instalación del congreso fuese el 28 de julio. La fecha fue cambiada nuevamente al 20 de setiembre debido al viaje de San Martín a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. El reglamento estableció que el voto era obligatorio, y se distinguió entre sufragio activo y pasivo. Los primeros tenían derecho a votar y ser elegidos, los segundos solo a votar. En general, la diferencia para ser elegidos era la de ser mayor de veinticinco años. Se permitió el voto de los extranjeros casados con peruana. Se estableció que se elegirían setentainueve diputados y treintaiocho suplentes de los departamentos de Lima, La Costa, Huaylas, Tarma, Trujillo, Maynas y Quijos. Además del Cusco, Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Puno, que, si bien estaban bajo control realista, sus representantes se elegirían de los vecinos de esos pueblos que radicaran en Lima. Las elecciones se realizaron entre julio y agosto en los territorios mencionados, salvo Maynas y Quijos por reclamaciones del plenipotenciario colombiano que aducía que ese territorio era parte de la Gran Colombia.

Instalada la Asamblea Legislativa, tuvo su primera sesión pública el 22 de setiembre de 1822. Muchas de las mejores figuras de la época del ámbito religioso, académico y social se sentaron en los escaños legislativos. En esta Asamblea Legislativa, muchos de elegidos eran abogados, prosiguiendo los eclesiásticos, médicos y vecinos propietarios. No todos eran peruanos de nacimiento. Había también diputados de la Gran Colombia, Argentina, Alto Perú y Chile. El primer presidente del congreso fue Francisco Javier Luna Pizarro, y los primeros secretarios, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. La Asamblea Legislativa sesionaba en la capilla de la Universidad de San Marcos y una de sus primeras funciones fue el admitir la dimisión de San Martín al cargo de protector del Perú, no sin antes agradecerle por los servicios prestados a la nación. Ante esta situación, el Legislativo ocupó el Ejecutivo por medio de la Junta Gubernativa conformada por José de La Mar, Manuel Salazar y Baquíjano, y Felipe Antonio Alvarado. El Congreso cumplió funciones desde setiembre de 1822 hasta el 1 de setiembre de 1823, debido a que la llegada de Bolívar significó su desplazo al tomar el mando de la nación para concluir con la guerra independentista.

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El decreto protectoral del 13 de octubre de 1821, referida a la imprenta, fue la primera norma republicana que garantizó la libertad de imprenta. Desde la llegada del Ejército Libertador, en 1820, se consideró de suma importancia la difusión de impresos y publicaciones periódicas como parte de la lucha política y la formación de la opinión pública. Con la declaración de la independencia, las publicaciones se expandieron considerablemente. Solo en 1822 se publicaron más veinte periódicos, aunque la mayoría de manera esporádica. Todos ellos tuvieron un corte político y doctrinario, los de 1822 le dedicaron especial interés a la forma de gobierno que el Perú debía adoptar. Veamos, a modo de ejemplo, dos publicaciones.

El Sol del Perú fue una publicación semanal impresa por la Imprenta del Estado. Circuló entre el 14 de marzo y el 27 de junio de 1822. Fue el órgano de la Sociedad Patriótica, y publicó información relativa a sus actividades y los discursos que se daban en ella. El tema político central fue su defensa de la forma de gobierno monárquica.

La Abeja Republicana fue un bisemario —aunque luego se apareció semanalmente— que se publicó en Lima en pleno debate sobre la Constitución entre agosto de 1822 y junio de 1823. Impreso en la imprenta de José Masías y del Río. Su editor y, al mismo tiempo, redactor y administrador, fue Mariano Tramarria. Entre sus colaboradores más activos, pertenecientes a la élite letrada de la época, estuvieron José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui y Manuel Bartolomé Ferreyros, quienes solían firmar sus artículos con seudónimos. Al ser una publicación periódica, con un ideario liberal republicano, sus páginas defendieron el establecimiento de un sistema político republicano en el Perú, en oposición al monarquismo constitucional de José de San Martín y su ministro Bernardo de Monteagudo, y al conservadurismo de la aristocracia colonial. Se buscaba sentar las bases para establecer la República por medio de corrientes de opinión favorables a este tipo de organización del Estado. Precisamente son importantes las cartas que publicó Sánchez Carrión bajo el seudónimo El Solitario de Sayán.

El objetivo principal de La Abeja Republicana fue democratizar la discusión respecto al sistema político que beneficiaría a la reciente nación. Por ello, al buscar que el debate saliese de la esfera privada a la pública, se redactó con un lenguaje didáctico y sencillo, en un formato pequeño y letras grandes, para que fuera entendible por toda la población. El legado más valioso que nos dejó es un registro del vocabulario político ilustrado de esos tiempos, en el que los conceptos de libertad, igualdad, nación, ciudadanía, no solo eran empleados por los letrados, sino que también por personas del sector popular.

Cuando José de San Martín declaró la Independencia del Perú e instaló el Protectorado, tuvo como mano derecha en las tareas de gobierno al tucumano Bernardo de Monteagudo. Se menciona que ante las dolencias de San Martín, que lo alejaban del despacho protectoral, Monteagudo era quien llevaba las riendas del gobierno. Era un personaje influyente y poderoso. Primero se desempeñó como ministro de Guerra y Marina, y en 1822, como ministro de Guerra, Gobierno y Relaciones Exteriores. En este contexto, el supremo delegado Torre Tagle era una figura menor. San Martín y Monteagudo compartían la idea de que al Perú debía corresponderle una monarquía constitucional por ser un país que, al no estar completamente independizado —refiriéndose a la resistencia realista en la zona sur—, se encontraba en constante anarquía y guerras civiles. Pero también porque la experiencia en Río de la Plata había mostrado que el régimen republicano había acrecentado las luchas políticas. De hecho, Monteagudo había propiciado la formación de la Sociedad Patriótica para difundir la idea de que la monarquía era la mejor opción política.

Monteagudo pronto se hizo impopular en Lima por diversas medidas que afectaban a los españoles avecindados en la ciudad. Desconfiaba de ellos y los hizo vigilar. Además, llevó a cabo confiscaciones de bienes, como las que sufrieron los realistas que se refugiaron en los castillos del Callao. Sin mediar juicios y con solo la denuncia de sus espías, los españoles eran detenidos, y su suerte iba desde el destierro o la cárcel hasta el fusilamiento. Monteagudo había declarado en cierta ocasión que en poco tiempo esperaba “desterrar del Perú a todos los tiranos y pillos españoles”. De acuerdo con su testimonio, cuando ingresó en Lima con San Martín había en la ciudad unos diez mil españoles; cuando se fue solo quedaban quinientos.

A la denuncia de estas medidas arbitrarias se agregó el hecho de que los criollos se sintieron desplazados de los puestos de gobierno. Salvo Unanue, el resto de ministros no eran peruanos. La campaña monarquista de Monteagudo también generó rechazo, más aun al saberse que se estaba buscando en Europa a un príncipe que asumiese el gobierno del Perú. Aunque también círculo el rumor de que San Martín quería hacerse rey, como Agustín Iturbide en México.

Cuando San Martín partió a Guayaquil, dejó en el gobierno a Monteagudo y a Torre Tagle. Esta fue la oportunidad perfecta para promover la destitución de Monteagudo. El 25 de julio de 1822, se produjo una manifestación en la capital, liderada por José de la Riva-Agüero, prefecto de Lima, y Mariano Tramarria. En la Plaza de Armas, una multitud pedía a Torre Tagle la expulsión de Monteagudo. Se distribuyeron panfletos por las calles, y se le acusó de ser un déspota de “costumbres libertinas” y de buscar el aplazamiento de las elecciones del Congreso para influir en su conformación. Para sustentar estas acusaciones, se publicó el folleto Lima Justificada, en el que se denuncia a Monteagudo de “cruel, pérfido, ambicioso, inmoral e irreligioso, inicuo, intrigante, astuto, insolente, opresor atrevido y díscolo”. A Monteagudo no lo quedó nada más que dimitir. El 30 de julio fue conducido preso al Callao para ser deportado a Panamá, donde llegó el 22 de agosto.

El 22 de setiembre, San Martín se embarca en el bergantín Belgrano rumbo a Valparaíso. Dos días antes, en la instalación del Congreso, había presentado su renuncia irrevocable a su cargo de protector. La noticia no cayó bien entre sus partidarios y en la población. Tomás Guido, en carta a su esposa, le escribió que “este hombre [San Martín] contra el dictamen de todos sus amigos, ha desertado de la causa pública y ha dejado expuesto a este país a perderse absolutamente […] como un fiel amigo que lo soy suyo no puedo ser indiferente a su falta”. La Abeja Republicana publicó en su edición del 11 de enero de 1823 que San Martín se “marchó para no volver más, dejándonos envueltos en una completa anarquía por las reliquias que por lo regular le queda al que mando, principalmente en un ejército cuya moral estaba casi perdida del todo”.

¿Qué le había llevado a tomar esta decisión? Después de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar y su regreso a Lima, San Martín vio que la situación de la capital estaba muy distinta a cómo la había dejado. Antes de partir, dejó encargado el mando del país a Torre Tagle, con el título de supremo delegado, pero también había quedado la figura de Bernardo de Monteagudo, pero este no contaba con masivo apoyo popular debido a sus planes e ideales monárquicos para el Perú. De esta forma, varios vecinos de la élite capitalina cesaron a Monteagudo de sus funciones y lo exiliaron. Lo cierto es que su figura tampoco escapó a las críticas, sobre todo con la presencia de publicaciones de tendencias republicanas que criticaban su monarquismo y lo tildaban de tirano.

Sin oportunidades ni ánimos para continuar con la empresa libertadora en la zona del sur, debido a que no logró conseguir una alianza con Bolívar, a su regreso de Guayaquil dispuso todo para que se instalase el nuevo Congreso y presentó su renuncia al cargo de protector. Se le aceptó su dimisión no sin antes colmarlo de honores, distinciones y recompensas por sus servicios ofrecidos en honor a la República peruana, nombrándolo Fundador de la Libertad del Perú y Generalísimo de las Armas. Al renunciar, San Martín invocó las siguientes palabras:

La presencia de un militar afortunado, por mas desprendimiento que tenga, es temible a los Estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, estaré pronto a hacer el ultimo sacrificio por la libertad del país, pero en clase de siempre particular y no más. En cuanto a mi conducta pública mis compatriotas, como en lo general de las cosas, dividirán sus opiniones: los hijos de estos darán el verdadero fallo. Peruanos: os dejo establecida la representación nacional; si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo, si no la anarquía os va a devorar. Que el acierto presida en vuestros destinos; y que estos os colmen de felicidad y paz.

Antes de sentar las bases e ideales políticos de la primigenia Constitución del Perú, el Congreso se enfrascó en un debate acerca del modelo político que debía regir el país, si era republicano o monárquico. Tras varios intercambios de ideas entre la élite intelectual limeña, se instaló el modelo republicano. Este hecho quedó claro cuando se establecieron las bases políticas de la Constitución que fueron presentadas el 16 de diciembre de 1822. Conformada por veinticuatro artículos, se puede identificar tres secciones: la definición de la nación, los derechos individuales y la separación de poderes.

La nación se define como la reunión de todas las provincias del Perú, la cual se denominaba República peruana. Su soberanía reside esencialmente en la nación, entendida en toda población. Su religión es la católica con exclusión del ejercicio de otra. Esta es independiente de la monarquía española y de cualquier dominación extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona o familia. Su gobierno es popular representativo, y por medio de sus representantes, elegidos por la población, debe establecer su Constitución.

La Constitución debe proteger la libertad de los ciudadanos, la libertad de imprenta, la seguridad personal y del domicilio, la inviolabilidad de la propiedad, el reparto de las contribuciones en proporción a las facultades de cada uno, el derecho de presentar peticiones al Congreso o al gobierno, la igualdad ante la ley para el premio o el castigo, la instrucción como necesidad para todos, y la abolición de toda confiscación de bienes, de todas las penas crueles, de la infamia trascendental, de todos los empleos y privilegios hereditarios, y del comercio de esclavos.

El principio más importante para el establecimiento y conservación de todos esos derechos individuales y la mejor organización de la nueva nación fue la división de las tres principales funciones del poder nacional: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estos poderes debían ser independientes entre sí, y cada uno cumpliendo sus funciones orgánicas en armonía. El Legislativo se encargaba de establecer las leyes y estaba conformado por dos cámaras: de diputados y senadores. El Ejecutivo no puede ser vitalicio y junto con sus ministros son responsables de las decisiones que se tomen. El Judicial es independiente de los otros poderes, y por lo mismo los jueces son vitalicios e inamovibles.

Finalmente, estas bases establecen la importancia de proveer a la sociedad de establecimientos de instrucción pública y de beneficencia. Asimismo, sirve para “mantener la unión de los ciudadanos, avivar el amor a la Patria, y en memoria de los más célebres sucesos de nuestra emancipación del dominio español, se establecerán fiestas nacionales en los días y modos que designe el Congreso”.

San Martín había diseñado el plan de puertos intermedios para derrotar definitivamente a los realistas. El objetivo era atacarlos en simultáneo por tres frentes para dividir sus fuerzas. En el primer frente, un ejército que saliera del Callao debía atacar los puertos intermedios entre Arequipa y Tarapacá. En el segundo frente, otro ejército, desde Lima, atacaría las fuerzas realistas del centro para evitar que auxilien a las del sur. En el tercer frente, un ejército desde Río de la Plata atacaría a los españoles por el Alto Perú. El plan no podía ejecutarse a cabalidad dado que no había posibilidad de que el tercer frente se organizara. Con todo, San Martín no tuvo tiempo de implementarlo. Fue la Junta Gubernativa, nombrada por el Congreso, la que financió y organizó el plan que debía funcionar con los dos primeros frentes. El general Rudecindo Alvarado fue puesto al mando de la expedición que se hallaba compuesta por tropas de Río de la Plata, Chile y Perú, con un total de cinco mil ochocientos cincuenta hombres y seis embarcaciones. De la tropa, dos mil eran peruanos. Una vez organizada, la expedición zarpó del Callao en tres agrupamientos el 10, 15 y 17 de octubre de 1822. El primer convoy se dirigió al sur (Iquique) y los dos restantes desembarcaron en Arica. Mientras tanto, en Lima, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales dirigía su ejército a la sierra central.

El 1 de enero de 1823, en Tacna, ante el avance patriota, el general realista Gerónimo Valdés abandonó la ciudad para dirigirse a Moquegua. Alvarado tomó Tacna, e informado de que los realistas contaban con menos hombres que él, decidió seguirlo. Mientras tanto, Valdés se encontraba en Torata listo para atacar. El 19 de enero, la batalla empezó a las diez de la mañana y se prolongó hasta bien entrada la tarde. Alvarado fue sorprendido por los refuerzos que había recibido Valdés desde Puno. Las tropas de Canterac, quien estaba en la sierra central, se habían trasladado al sur para ayudar a Valdés. Los patriotas fueron derrotados, replegándose hacia Moquegua, y los realistas siguieron sus pasos. El 21 de enero, Alvarado decidió enfrentarlos y fue nuevamente derrotado. Lo que quedó del ejército patriota, que tuvo seiscientas bajas, se retiró a Ilo.

Un hecho que explica esta derrota es que el frente patriota de la sierra central, dirigido por Álvarez de Arenales, no pudo ejecutar su plan de enfrentar a las fuerzas de Canterac. La falta de decisión política de la Junta Gubernativa para que el ejército tomase recursos de la región y su empecinamiento de que debían esperar a las fuerzas colombianas del general Juan Paz del Castillo que estaban en Lima. El problema fue que Del Castillo no podía servir bajo el mando de un español —Álvarez de Arenales— y refirió solo lo haría bajo un peruano. Al final, Del Castillo se retiró del Perú rumbo a Guayaquil. Álvarez de Arenales y su ejército tuvieron que volver a Lima.

El fracaso de la primera expedición a intermedios significó la desintegración de su ejército. De hecho, los soldados chilenos regresaron a su país y había descontento por la falta de pagos. Las culpas recayeron en la Junta Gubernativa. El 26 de febrero de 1823, los altos mandos del ejército, en una solicitud al Congreso, se manifestaron en contra de la Junta Gubernativa por su “lentitud e irresolución” y pedían tanto su disolución como la designación de un nuevo jefe supremo capaz de dirigir la guerra. Pero en esta designación, aclaraban, debía el Congreso separarse el Poder Ejecutivo. Los militares tenían en mente una persona que podía asumir tal cargo: el coronel José de la Riva-Agüero, quien entonces ejercía el cargo de prefecto de Lima.

A media legua de Lima, en la hacienda Balconcillo, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Juan Bautista Eléspuru y Ramón Herrera, entre otros, estaban reunidos con sus tropas. El Congreso lo consideró una amenaza. En reunión del 26 de febrero, en el Congreso no se tomó ninguna decisión. Al día siguiente los generales enviaron otra comunicación, insistiendo en su solicitud. Además, se arrestó en su domicilio al presidente de la Junta Gubernativa, José de La Mar. La Junta Gubernativa cesó y el Congreso nombró a Torre Tagle encargado del poder supremo. El 28 de febrero, Santa Cruz se hizo presente en el Congreso, indicando que de no aceptar sus demandas todos los generales iban a renunciar. Al Congreso, que no tenía apoyo popular, no le quedó otra opción que aceptar las exigencias de los militares, aunque hubo señales de protesta de varios diputados. El mismo día, el Congreso le dio el título de presidente de la República y el tratamiento de “Excelencia” a José de la Riva-Agüero. Así fue el nombramiento del primer presidente del Perú.

El 4 de marzo, el Congreso le dio a Riva-Agüero el grado de gran mariscal de los ejércitos de la República, aunque nunca había dirigido tropas regulares ni mucho menos había participado en acciones armadas. No obstante, en poco tiempo demostró capacidad de organización para enfrentar la guerra. Entre sus primeras medidas están:

• La derogación del decreto de la Junta Gubernativa sobre sorteo de esclavos para enrolarlos al ejército.
• La organización de un colegio militar y una academia naval para dictar instrucción a los oficiales del ejército y la marina.
• La concertación con Bolívar para que arribe un contingente militar colombiano.
• La concertación con el gobierno chileno para que este envíe refuerzos militares como los colombianos.
• Un empréstito con Inglaterra de doscientas mil libras esterlinas.
• El entrenamiento de las milicias y el reclutamiento general entre las montoneras de la sierra para el ejército de línea.
• El mejoramiento de las defensas del Callao.
• La designación del general Juan Ramírez como jefe del antiguo ejército expedicionario, y del general Santa Cruz, como comandante en jefe del ejército peruano.

Todas estas acciones le permitieron a Riva-Agüero disponer de un ejército listo para enfrentar a los realistas.

Sucre llegó a Lima el 11 de mayo de 1823 como jefe militar de la división auxiliar de Colombia compuesta de seis mil soldados. Esta fue la respuesta de Bolívar al pedido de ayuda militar que le hiciera Riva-Agüero. Sucre también tenía el cargo de ministro plenipotenciario con la evidente misión de facilitar la llegada de Bolívar al Perú. Asimismo, mantuvo informado a Bolívar del ambiento político peruano. Por ejemplo, en una carta con fecha del 15 de mayo, es decir, apenas llegado a Lima, resumía la situación política así:

El ejército no tiene jefes: el país está tan dividido en partidos como están las tropas de los diferentes Estados que las forman; el Congreso y el Ejecutivo están discordes y esto no puede tener buen resultado; no hay subsistencias para la tropa y las pocas que se adquieren se invierten mal… en fin, mil males asoman para presagiar que todo se desbarata y en un desmoronamiento la división de Colombia será parte de las ruinas

Sucre hizo con rápidamente campaña en Lima para fortalecer la idea de que era necesaria la presencia de Bolívar en el Perú para dirigir la guerra. En tal sentido, estableció conversaciones con las élites políticas peruanas, fuera y dentro del Congreso, además de escribir en la prensa. Buscaba ganar a la opinión pública para que el reticente Congreso cediese y aprobara un decreto solicitando la venida de Bolívar. Si bien Riva-Agüero envió una invitación a Bolívar, el Congreso de Colombia no le había dado licencia porque debía tener la aprobación del Congreso peruano. Las gestiones de Sucre tuvieron efecto. El Congreso peruano, en sesiones secretas, entre el 5 y el 14 de agosto, aprobó una “solemne acción de gracias” a Bolívar y que se informe a su par colombiano que “los votos del Perú son uniformes y los más ardientes porque tenga el más pronto efecto aquella invitación”.

Para entonces las tropas de la segunda campaña de intermedios habían partido. Sucre manifestó su gratitud ante Congreso e indicó que la división colombiana que lo acompañaba ofrecía sus armas “a la Representación nacional por garantía de su libertad”. En dicho contexto, Riva-Agüero y el Congreso se encontraban en constantes conflictos, pero se hizo una tregua ante el avance de las fuerzas realistas de Canterac sobre Lima. Ante este hecho, el ejército y los poderes públicos evacuaron Lima para instalarse en el Callao el 17 de junio. Se consideró que este era un buen lugar de defensa. El Congreso le otorgó a Sucre el mando del ejército unido y se solicitó de nuevo la venida de Bolívar. Sucre aceptó la propuesta el 21 de junio, con la condición de que el Congreso, que se había trasladado a Trujillo, ratificara su autoridad en esa ciudad del norte peruano.

Riva-Agüero, apenas asumió la presidencia, se dedicó a organizar un ejército que llevase a cabo una segunda campaña a puertos intermedios. Gracias al préstamo británico se pudo preparar a cinco mil soldados. Se realizó un reclutamiento en el que incorporó a los montoneros como tropas regulares. La expedición fue colocada bajo el mando del general Andrés de Santa Cruz, teniendo como jefe del estado mayor al general Agustín Gamarra y como jefe de escuadra al contralmirante Jorge Martín Guise. La estrategia militar era similar a la de la primera: Santa Cruz y Gamarra atacarían el sur desde la costa hacia el altiplano, mientras Sucre y su ejército combatirían en la sierra central. Además, podían contar con el apoyo Álvarez de Arenales, quien estaba en Salta. La expedición salió del Callao entre el 14 y el 25 de mayo de 1823.

El 7 de junio, Guise asaltó y capturó Arica. Desde ahí Santa Cruz se dirigió a Moquegua, y Gamarra, a Tacna. Ambos ejércitos se dirigieron al Alto Perú. Hacia el 8 de agosto, Santa Cruz ocupó La Paz y, al día siguiente, Gamarra hizo lo mismo en Oruro. Además, se envió un contingente a Arequipa, donde se contaba con la llegada de Sucre. Como menciona Natalia Sobrevilla, la relativa facilidad del avance de los patriotas de debió a que las tropas de Canterac se hallaban en Lima y no podían brindar apoyo a los realistas en el sur. Para agosto, la expedición había conseguido sus objetivos y su ejército contaba con siete mil soldados. Pero esa situación cambió pronto.

Valdés avanzó sobre Puno para enfrentar a Santa Cruz. El 25 de agosto, en Zepita, ambos ejércitos se enfrentaron. Esta fue una batalla que no tuvo un ganador indiscutible porque, aunque Santa Cruz logró ventaja sobre los realistas, permitió su retirada. No contaba con los refuerzos que enviaron el virrey De la Serna y el general Olañeta. Santa Cruz, en tanto no podía esperar la ayuda de Sucre o Álvarez de Arenales, se vio obligado a retirarse. Esto se conoció como la campaña del talón porque los realistas les “pisaron los talones” a los patriotas en su retirada, ocasionándoles grandes bajas y deserciones. Cuando Santa Cruz llegó al puerto de Ilo, sus fuerzas consistían en ochocientos infantes y trecientos jinetes, de los siete mil que había tenido. Así terminó la campaña de intermedios.

Con la partida del ejército peruano al sur, dentro de lo que fue la segunda campaña a puertos intermedios, Lima se quedó básicamente protegida con los cuatro mil soldados que conformaban las tropas auxiliares colombianas al mando de Sucre llegadas en mayo. A mediados de junio de 1823, Riva-Agüero recibió la noticia de que Canterac había cruzado la cordillera, dirigiéndose a la capital, con tropas que superaban en cantidad a las patriotas en Lima. Este hecho llevó a una tregua entre el Congreso y Riva-Agüero, que desde el motín de Balconcillo se encontraban en conflicto. Como la defensa de la capital era imposible, los poderes del Estado se trasladaron al Callao el 17 de junio. El 18 de junio, los españoles entraron en Lima, y fueron recibidos de forma afectuosa por las clases altas, mientras que el pueblo actuó de forma indiferente o decidió salir de la ciudad y adherirse a las montoneras.

Mientras tanto, en el Callao, en las sesiones del Congreso, regresó la aversión contra el presidente. El 19 de junio, se decidió trasladar de forma provisional el Ejecutivo y el Legislativo a Trujillo, además de otorgarle a Sucre la jefatura del ejército unido, quitándole esa atribución al presidente. Riva-Agüero, no obstante, ratificó este nombramiento, dada las circunstancias, pero expresó su protesta ante algunas autoridades. El 22 de junio, se decretó que se le quitaba al presidente sus funciones militares, y al día siguiente de que Riva-Agüero quedara “exonerado del gobierno” se le expidió un pasaporte para que saliese del país. La idea era que Sucre asumiera sus funciones. Al final, Riva-Agüero no acató el decreto y Sucre indicó que ese asunto debía resolverse en Trujillo. Antes de desembarcar en Huanchaco, el presidente disolvió el Congreso y gobernó con un senado.

La toma de Lima duró hasta el 18 de julio. Era claro para los realistas que la capital no era un lugar que se podía defender, mas tomarla era una demostración de poder. Además, contribuyó a desestabilizar el gobierno. Los españoles, al partir, se llevaron consigo un vasto motín —plata de las iglesias, máquinas de la Casa de la Moneda y bienes de los vecinos—, después de saquear la Biblioteca Nacional y amenazar con incendiar la ciudad.

En Trujillo, el presidente Riva-Agüero gobernaba con los diez vocales del recién elegido nuevo Senado: Nicolás Araníbar, Toribio Dávalos, José Pezet, José Rafael Miranda, Justo Figuerola, José de Larrea y Loredo, Manuel de Arias, Francisco Salazar, Hipólito Unanue y Martín Ostolaza. En el norte, entre Trujillo y Huaylas, el presidente contaba con el apoyo de las élites civiles, militares y eclesiásticas, además de los pueblos representados en sus cabildos. Como menciona Elizabeth Hernández, en los pueblos del norte hubo descontento por la forma en que se eligió a los diputados en el Congreso —listas impuestas— por lo cual no les fue difícil no reconocerles como representativos y dar como positiva la disolución. Además de esta ayuda política, Riva-Agüero contaba con el apoyo militar de Andrés de Santa Cruz. De hecho, a él le había enviado siete diputados considerados de oposición (Manuel Ferreyros, Ignacio Ortiz de Zevallos, Mariano Quesada, Juan Antonio de Andueza, Manuel Antonio Colmenares, Mariano José de Arce, y Francisco Javier Mariátegui) para que los mantenga en prisión. Estos diputados, no obstante, fueron liberados en Chancay, y desde allí viajaron a Lima, donde fueron recibidos con aclamaciones y una misa de gracias.

En Lima, tras la salida del ejército realista comandado por Canterac, Torre Tagle llamó a los trece diputados que no habían dejado la ciudad, y reestableció el Congreso. Una vez que entró en funciones, bajo la presidencia de Carlos Pedemonte, el 6 de agosto se tomaron varios acuerdos para quitarle poder a Riva-Agüero. Se desconoció la autoridad de este por lo que reconocieron como encargado de gobierno a Torre Tagle. Se ejecutaron los decretos dados en el Callao que quitaban el mando militar a Riva-Agüero y se lo entregaban a Sucre. El 8 de agosto, se declaró como “reo de alta traición” a Riva-Agüero por la disolución del Congreso en Trujillo. El 16 de agosto, fue elegido Torre Tagle como presidente de la República. Evidentemente, desde Trujillo, Riva-Agüero, con apoyo de su senado, desconocía todos estos nombramientos y decretos. A su vez, declaraba a los miembros del Congreso limeño como “criminales, reos del alta traición”.

El Perú tenía así dos presidentes y dos congresos repartidos en Lima y Trujillo, mientras los realistas aún ocupaban gran parte del país.

En plena crisis política en que se encontraba el bando patriota dividido en dos gobiernos bajo Riva-Agüero y Torre Tagle, en Trujillo y Lima, respectivamente, la idea de traer a Simón Bolívar al Perú para que condujera la guerra se transformó de atractiva en urgente. Sucre había realizado el trabajo político necesario con el Congreso para tal fin. Se había enviado la invitación en mayo y junio por parte de Riva-Agüero y el Congreso. Es más, una comitiva conformada por los diputados Faustino Sánchez Carrión y José Joaquín de Olmedo viajaron a Colombia para hacer presente la invitación a Bolívar. Este solicitó permiso al gobierno colombiano, el cual fue concedido con cierta facilidad el 4 de agosto. Tres días después, Bolívar se embarcó desde Guayaquil hacia el Callao en el bergantín Chimborazo, para llegar el 1 de setiembre. El viaje fue largo y lento, pues en el camino decidió tomar contacto con las personas de los puertos a los que iba llegando. Riva-Agüero trató de comunicarse con él, esperando le reconociese como autoridad. Ello no sucedió. Bolívar continuó su viaje a Lima. En el Callao, fue recibido con aclamaciones, y Torre Tagle y sus ministros lo escoltaron a caballo hasta la casa donde se iba a hospedar. En todo este trayecto se hizo descargas de artillería, además de resonar las campanas de las iglesias como una muestra de júbilo por la llegada de Bolívar.

La prioridad del Congreso en esta coyuntura fue acabar con la presidencia de Riva-Agüero. Así, al día siguiente de la llegada de Bolívar a Lima, se expidió un decreto que le autorizaba con “todas las facultades necesarias” para que terminase con “las ocurrencias provenientes de la continuación del gobierno de Riva-Agüero en una parte de la república después de su destitución”. El 3 de setiembre, Bolívar se comunicó con el Congreso para informar que renunciaba a cualquier poder civil que no se relacionase con las operaciones militares. Aunque había quienes mantenían sus reservas sobre Bolívar, este comenzaba a ganar cada vez más popularidad en buena parte debido a su personalidad y elocuencia, muy diferente al del parco San Martín. Así, departió con sus nuevos amigos en la ópera, en una corrida de toros y en las fiestas en su honor.

El Congreso, el 10 de setiembre, lo proclamó “Libertador de Perú”, otorgándole la máxima autoridad política y militar. Torre Tagle se mantuvo como presidente y debía trabajar de la mano con Bolívar, sin que las funciones de uno interfieran con la del otro. Aunque Sánchez Carrión le insistió a que deje el cargo de presidente, Torre Tagle no aceptó. El poder concedido a Bolívar había generado una cuestión de competencia con Torre Tagle, en la que este poco a poco fue quedando relegado. Tal no era el caso de Bolívar, quien acumulaba cada vez más poder político.

A pesar de los conflictos políticos, el Congreso terminó de discutir el texto de la Constitución, cuyo proyecto había sido preparado por una comisión conformada por Francisco Javier Mariátegui, José Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de Mendoza, Carlos Pedemonte, José Gregorio Paredes, Manuel Pérez de Tudela y Justo Figuerola. La Constitución fue promulgada por el presidente Torre Tagle el 12 de noviembre de 1823, y se hallaba dividida en tres secciones, con un total de ciento noventaicuatro artículos.

La primera, sobre la nación peruana, señala la soberanía popular como base de la legitimidad del Estado peruano.

La segunda parte, sobre la forma de la nación, señala la estructura del Estado en tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—; las características del sistema electoral; la formación y promulgación de las leyes; el régimen al interior de la República, dividiéndola en departamentos (con prefectos a la cabeza), provincias (intendente), distritos (gobernador) y municipalidades (alcalde), entre otros aspectos. Finalmente, la tercera parte se halla dedicada a los medios de conservar el gobierno, estableciendo los parámetros de la hacienda pública, el presupuesto público; las Fuerzas Armadas; la educación pública, sobre la cual se señala que la instrucción “es una necesidad común, y la República la debe igualmente á todos sus individuos”; y las garantías constitucionales, entre otros aspectos.

Sobre las garantías constitucionales, casi todas las existentes para el momento fueron incluidas, salvo la libertad religiosa porque se estableció que la República peruana es católica y la nación debía protegerla. Entre las libertades reconocidas se hallan la igualdad ante la ley para el premio o castigo; la libertad civil, la seguridad personal y del domicilio; la propiedad; el secreto de las cartas; el derecho de presentar recursos o peticiones a los poderes públicos y de conservar la buena opinión y fama del individuo mientras no se declarase delincuente conforme a las leyes; la libertad tanto de la agricultura como de la industria, comercio y minería; la libertad de residencia; y la libertad de imprenta.

Se consideró una carta liberal dado que, en el balance de poderes, el Ejecutivo se encontraba subordinado al Legislativo, compuesta por una cámara única. No obstante, esta no llegó a regir, pues fue suspendida casi de inmediato para no obstaculizar las labores de Bolívar. Este, el 10 de setiembre de 1823, había sido nombrado por el Congreso como “suprema autoridad militar en todo el territorio”, con “facultades ordinarias y extraordinarias que la actual situación de esta demanda”, además de que le competía igualmente “la autoridad DIRECTORIAL como conexa con las necesidades de la guerra á que no puede subvenirse sino por medio de auxilios procedentes de los recursos y relaciones interiores o exteriores […]” (Gaceta del Gobierno, 10 de setiembre de 1823). Posteriormente, luego de abolida la Constitución Vitalicia el 11 de junio de 1827, el Congreso restauró la de 1823, mientras se promulgase una nueva carta.

El presidente Riva-Agüero ante la llegada de Bolívar al Perú esperaba que este le reconociese su autoridad, pero esto no sucedió. Bolívar reconoció la autoridad del Congreso en Lima. Además, le envió una carta a Riva-Agüero, instándole a que lo hiciera también. La situación del presidente se complicó y optó por distanciarse de Bolívar y sospechar de todos los colombianos. Bolívar trató de mediar entre ambos grupos y propuso una amnistía. Riva-Agüero planteó que él podría renunciar si el Congreso se disolvía y se convocaban nuevas elecciones para elegir al presidente. El Congreso en Lima no aceptó. Más bien instaron a Bolívar a tomar las medidas necesarias para acabar con el asunto. El norte era una región importante, estratégica para la campaña libertadora.

Mientras tanto, Riva-Agüero, teniendo en cuenta cómo el gobierno liberal español había realizado acuerdos con otras regiones independientes como Río de la Plata, pensó en la posibilidad de hacer lo mismo. Incluso buscar una salida como en México, donde Agustín de Iturbide y el último virrey (Juan O’Donojú) firmaron la independencia. En tal sentido, estableció comunicaciones, proponiendo un armisticio, un tratado de paz y el establecimiento de una monarquía constitucional. La idea era la de expulsar a los colombianos y conseguir la independencia sin su ayuda. Al mismo tiempo, envió un comisionado a Chile y Río de la Plata para que, entre otras actividades, estableciera conversaciones con los diputados españoles en esos lugares. Incluso propuso buscar a San Martín y solicitar su regreso. Al mismo tiempo, continuaba con las negociaciones con Bolívar, aunque estas no parecían llegar a ningún lado. Como menciona Elizabeth Hernández, Riva-Agüero negociaba por varios frentes.

La intercepción de una carta de Riva-Agüero con los realistas le generó problemas en su bando, dado que no había compartido con todo su alto mando su estrategia. Bolívar le mostró la carta a su general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Considerándolo un traidor, el 25 de noviembre, el presidente Riva-Agüero fue apresado por Gutiérrez de la Fuente. Enterados en Lima, Torre Tagle ordenó que fuese fusilado junto con los demás traidores. Gutiérrez de la Fuente desobedeció esa orden al estar en desacuerdo y envió a Guayaquil al prisionero. No obstante, enterado el almirante Guise de la prisión de Riva-Agüero y que estaba recibiendo maltratos, exigió su libertad bajo la amenaza de bloquear con su escuadra la costa peruana. Bolívar accedió a su pedido y Riva-Agüero salió del país. No regresó al Perú hasta 1832.

Luego de la victoria realista en la batalla de Zepita (Puno, 25 de agosto de 1823) y con ello el fracaso de la segunda campaña de intermedios, la nueva correlación de fuerzas fue beneficiosa para los realistas, al conseguir el desalojo definitivo de las huestes patriotas del sur del Perú. Entre fines de 1823 e inicios de 1824, De la Serna llevó a cabo una nueva organización bélico-territorial dividida de la siguiente forma: el ejército del norte, con José de Canterac como general en jefe, que había fijado su cuartel general en el valle de Jauja, siendo asistido por las columnas mandadas por el brigadier José Ramón Rodil en Ica, y el ejército del sur, dirigido por el general Gerónimo Valdés, con centro de operaciones en Arequipa. De la Serna, por su parte, residía en el Cusco. Entre los objetivos de los tres ejes realistas estaban, desde luego, reconquistar la capital del virreinato, sitiar la plaza del Callao y expulsar del territorio al recientemente llegado Bolívar.

Dependiente del ejército del sur se hallaba la división de Olañeta, que cubría las provincias del Alto Perú y contaba con cuatro mil hombres. Sin embargo, Olañeta guardaba cierto descontento con las decisiones tomadas por De la Serna, quien a decir de él nombraba y distinguía principalmente a oficiales de tendencia constitucionalista y no absolutista, como lo era Olañeta. Por ejemplo, Rafael Maroto fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Charcas, José Santos Las Heras como gobernador intendente de Potosí y Valdés como general en jefe del ejército del sur, los tres constitucionalistas cercanos a De la Serna, quedando relegado Olañeta a puestos anexos. Pero al llegar las noticias de Olañeta sobre el fin del llamado Trienio Liberal en España, y con ello el retorno del absolutismo en la Corona, decidió enfrentar de manera directa con De la Serna, desconociendo su mando. Así, el 22 de enero de 1824, Olañeta se autoproclamó en Potosí como “único defensor del altar y del trono absoluto”.

Lo cierto es que Olañeta, a instancias de las élites locales y sus familiares, buscaba gobernar con autonomía la región. Bajo la excusa de que se anuló la Constitución de Cádiz, desconoció los tratos con Río de la Plata y se arrogó el cargo de virrey de Río de la Plata. De la Serna envió a Valdés en marzo para entablar conversaciones con Olañeta en Tarapaya. Se acordó que iba a estar al mando del Alto Perú con la condición de enviar recursos al Cusco, no obstante, al final, el virrey le ordenó a Valdés tomar control militar del Alto Perú, llevando a cabo su campaña en agosto hasta que, tras la derrota de la batalla de Junín, retornó al Cusco para apoyar a las fuerzas realistas. Al final, esta rebelión dividió y desgastó las fuerzas realistas. Un hecho que fue aprovechado por los patriotas.

La situación del frente patriota no era el mejor a inicios de 1824. La falta de pago y las excesivas guardias generaron descontento y muchas deserciones. En la Memoria del general argentino Rudecindo Alvarado, por entonces gobernador de la guarnición del Callao, relataba que cuando asumió el puesto

observé que la guarnición que existía en dicha plaza se componía de los mismos soldados […] llenos de necesidades y miserias […] faltas de disciplina y de moralidad […] y todo lo representé al gobierno en dos notas consecutivas en que solicité con ahínco el relevo de esa guarnición aun cuando fuera con reclutas peruanos […] Mis observaciones fueron desatendidas […] Pocos días después, el 4 de febrero, tuvo lugar la revolución de la tropa que formaba la guarnición y al amanecer del día siguiente estaba colocada una guardia en la puerta de mi casa para impedirme toda comunicación […] Nada tuvo de sorprendente para mí este suceso que lo había previsto y denunciado.

Alvarado y otros oficiales fueron apresados por los batallones del Río de la Plata y de Chile, liderados por el sargento Dámaso Moyano. No solo reclamaban sus pagos atrasados, sino que además los embarquen de regreso a Chile y Buenos Aires. No querían ser enviados al norte con Bolívar. La falta de atención a sus reclamos por parte del gobierno patriota fue aprovechada por el coronel realista José Casariego, quien los convenció de que los realistas atenderían sus demandas. Casariego fue nombrado jefe y enviaron comunicaciones, solicitando el auxilio de Canterac. Mientras tanto Bolívar declaró, el 21 de febrero, que el puerto del Callao se hallaba en “riguroso estado de bloqueo”.

Los pedidos de auxilio de los realistas en el Callao no eran descabellados, la ciudad de Lima estaba desprotegida con Bolívar en el norte, pero además no consideró necesaria protegerla ante la falta de recursos. El 27 de febrero las fuerzas patriotas que quedaban abandonaron la ciudad. Los generales José Ramón Rodil y Juan Antonio Monet y sus tropas fueron las que finalmente entraron en la ciudad el 1 de marzo, ofreciendo una amnistía general. Además, se procedió a organizar administrativa y militarmente la ciudad. Para entonces, el marqués de Torre Tagle y el conde de San Donás, así como muchos otros miembros de la élite, se pasaron al bando realista. Torre Tagle justificó su proceder porque consideró que debía luchar contra “el tirano Bolívar”, que buscaba “esclavizar al Perú y hacer de este opulento territorio súbdito de Colombia”.

A inicios de 1824, en el frente patriota no se había avanzado mucho tras la derrota y desintegración del ejército de la campaña de intermedios. A ello se agregó un inconveniente: Bolívar cayó enfermo. Con todo, el Congreso creyó conveniente para organizar la guerra otorgarle a Bolívar poderes políticos y militares amplios, que le permitiesen reorganizar el ejército, derrotar a los realistas y salvar a la República. Así, el 10 de febrero, el Congreso le da a Bolívar el poder dictatorial. El decreto señalaba en uno de sus considerandos que “sólo un poder dictatorial depositado en una mano fuerte, capaz de hacer la guerra cual corresponde a la tenaz obstinación de los enemigos de nuestra independencia, puede llenar los ardientes votos de la Representación Nacional”, por ello se decretaba que:

1º La suprema autoridad política y militar de la República queda concentrada en el Libertador Simón Bolívar.

2º La extensión de este poder es tal, cual lo exige la salvación de la República.

3º Desde que el Libertador se encargue de la autoridad que indican los artículos anteriores, queda suspensa en su ejercicio la del Presidente de la República, hasta tanto que se realice el objeto que motiva este decreto; verificado el cual a juicio del Libertador, reasumirá el Presidente sus atribuciones naturales, sin que el tiempo de esta suspensión sea computado en el periodo constitucional de su Presidencia.

4º Quedan sin cumplimiento los artículos de la Constitución Política, las leyes y decretos que fueren incompatibles con la salvación de la República.

5º Queda el Congreso en receso, pudiéndolo reunir el Libertador siempre que le estimare conveniente para algún caso extraordinario.

6º Se recomienda al celo que anima al Libertador por el sostén de los derechos nacionales la convocatoria del primer Congreso Constituyente, luego que lo permitan las circunstancias, con cuya instalación se disolverá el actual Congreso Constituyente.

Con estas atribuciones, Torre Tagle quedaba suspendido en sus funciones de presidente. Bolívar viajó a Trujillo. Desde allí gobernó y organizó el ejército, recabando recursos de la región. Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Bolívar en Trujillo, entre marzo y julio de 1824, estuvieron el bloqueo comercial de los puertos capturados por los realistas, la prohibición de salida de plata y oro sellada del país, la elevación de Trujillo como capital provisional de la República, la creación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la creación de la Universidad de Trujillo. Además, desde Huamachuco, preparó el Ejército Libertador para enfrentar las fuerzas realistas que operaban en el valle de Mantaro, bajo la dirección del general José de Canterac. Era un buen momento dada la división de las fuerzas realistas tras la rebelión de Olañeta, a quien Bolívar escribió tratando de atraerlo a sus filas.

Desde el Callejón de Huaylas, Bolívar dirigió su campaña contra el ejército realista del centro, que operaba en el valle de Mantaro, bajo la dirección de Canterac. Las tropas patriotas estaban compuestas por aproximadamente seis mil colombianos y tres mil peruanos, a quienes arengó con el siguiente discurso en Rancas, el 2 de agosto de 1824:

¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el Cielo ha encargado á los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. […] Los enemigos que debéis destruir, se jactan de catorce años de triunfos: ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en mil combates. […] El Perú, y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la victoria; y aún la Europa liberal os contempla con encanto: porque la libertad del Nuevo Mundo es la esperanza del Universo ¿La burlaréis??? ¡No! ¡No! No. Vosotros sois INVENCIBLES.

Los realistas avanzaron hacia la defensa de Jauja, ciudad principal de la región central, e interceptaron a la caballería patriota en la meseta del Bombón, el 6 de agosto. No se disparó un solo tiro, pues la batalla fue de sables y lanzas. La lucha pareció favorecer a los realistas. De hecho, resistieron y dispersaron los embates de húsares de Miller y Necochea. Los realistas estaban persiguiendo a los patriotas en retirada. Pero atacó oportunamente por la retaguardia el escuadrón de Húsares del Perú, a órdenes del comandante argentino Isidoro Suárez, decidiendo la victoria y obligando a los realistas a huir en dirección a Tarma. Destacaron en la batalla los patriotas Mariano Necochea, Guillermo Miller, Lucas Carvajal, Laurencio Silva y José Andrés Rázuri.

Por decreto del 30 de octubre de 1824, el pueblo de Junín mereció el público y solemne reconocimiento de Bolívar, que pasó a ser denominado “Heroica Villa de Junín”, por haber

auxiliado al Ejército Unido Libertador con una generosidad sin límites, no obstante la miseria á que fue reducido por el incendio y saqueo, que en varias ocasiones ha padecido solo por ser fiel a la causa de la libertad, en cuya defensa han perecido con las armas en la mano, más de dos terceras partes de su población.

Esta victoria le permitió a Bolívar retornar a la costa con una parte de su ejército y recuperar la ciudad de Lima.

Los destinos del Perú y de toda América se definieron en la Pampa de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. De acuerdo con Mariano Felipe Paz Soldán, un día antes del conflicto, ambos ejércitos estaban conscientes de que ninguno de ellos podría retirarse sin tener la seguridad de ser destruidos o aniquilados por el enemigo. Grandes eran las limitaciones de Sucre, comandante del ejército patriota, que se veía rodeado de poblaciones enemigas, una geografía áspera, poca artillería y solo cinco mil setecientos ochenta soldados, ante un ejército realista que contaba con nueve mil trescientos diez hombres con todos sus armamentos y un tren con catorce piezas de artillería que aseguraba su victoria. El único miedo que condicionaba a los españoles era que Sucre evitase el combate. Había que acabar con los patriotas antes de que llegaran refuerzos colombianos.

Al alba del 9 de diciembre, el ataque era inminente. El Ejército Libertador formó un ángulo para el combate que estaba compuesto por tres grupos de batallones organizados en tres zonas: derecha, izquierda y centro. A las diez de la mañana, Sucre dio inicio a la batalla desde la artillería. Sus principales acciones de ataque y defensa aparecieron en una descripción de su propia mano en un folleto titulado Victoria de Ayacucho:

Observando que aun las masas del centro no estaban en orden y que el ataque de la izquierda se hallaba demasiado comprometido, mandé al señor jeneral [sic] Cordova que lo cargase rápidamente con sus columnas […] Nuestras masas de la derecha marcharon arma a discreción hasta cien pasos de la columna enemiga, en que cargadas por ocho Escuadrones españoles rompieron el fuego: rechazarlos y despedazarlos con nuestra soberbia caballería fue un momento […] Entre tanto los enemigos penetrando por nuestra izquierda amenazaban la derecha del sr. Jeneral Lamar […] pero llegando en oportunidad Vargas al frente, y ejecutando bizarramente los Uzares [sic] de Junín la orden de cargar por los flancos de estos batallones, quedaron disueltos. Vencedor y los batallones 1, 2, 3 y Lejión Peruana marcharon audazmente sobre los otros cuerpos de la derecha enemiga, que rehaciéndose tras las barrancas presentaban nuevas resistencias; pero reunidas las fuerzas de nuestra izquierda y precipitada á la carga, la derrota fue completa y absoluta.

A la una y media de la tarde, la victoria se concretó y cayó prisionero el virrey De la Serna, su comandante Canterac, catorce generales con sus oficiales y tropas; alrededor de mil cuatrocientos hombres del ejército español murieron y otros setecientos quedaron heridos. Sucre y Canterac, tras conversaciones, firmaron la Capitulación de Ayacucho, en la que los realistas reconocían la derrota. La Independencia del Perú estaba sellada. En la Gaceta del Gobierno del 18 de diciembre se publicó que el Ejército Libertador “ha resuelto el problema y ha levantado el último monumento que faltaba a su gloria: la gratitud escribirá en él los nombres de los vencedores de Guamanguilla”.

Al saberse de la derrota de Ayacucho, la audiencia del Cusco nombró como virrey a Pío Tristán con el plan de reorganizar las fuerzas militares. No obstante, el 30 de diciembre, cuando Francisco de Paula Otero y su ejército llegaron a Arequipa, donde se encontraba Tristán, este aceptó la capitulación.

Bolívar, apenas enterado de la rebelión de Olañeta en el Alto Perú contra el virrey De la Serna, quiso atraerlo a la causa independentista. Le envió una carta en la que lo instaba a unirse al Ejército Libertador y de forma lisonjera lo denominó Libertador de Charcas. Tras la victoria de Ayacucho, en una carta del 15 de diciembre, lo instó nuevamente a aceptar la oferta de unirse a su ejército y que entable las negociaciones con Sucre. La respuesta de Olañeta a ambas cartas no fue de una negativa directa sino abierta a la negociación. Casimiro Olañeta, sobrino de Pedro Antonio, escribió una carta el 23 de diciembre a Bolívar, indicándole que convencería a su tío de unirse a su ejército. No obstante, Olañeta había recibido una carta de Pío Tristán, el último virrey del Perú, informándole de la Capitulación de Ayacucho y de la necesidad de reorganizar las fuerzas para continuar con la guerra. Olañeta decidió con sus comandantes seguir la lucha.

El 25 de enero de 1825, en una carta a Bolívar, Olañeta le comunicaba que no se uniría a su ejército y resistiría en Charcas a la espera de refuerzos de la península. Ante esta noticia, Bolívar envió a Sucre y sus tropas a tomar el control del Alto Perú. La campaña partió desde el Cusco, ocupando La Paz en febrero, y Potosí en marzo, mientras Olañeta se replegaba cada vez más ante el avance patriota. Finalmente, las fuerzas realistas de Olañeta fueron derrotadas por el ejército patriota en 1825, muriendo este tras ser herido en la batalla de Tumusla (Charcas), el 2 de abril.

Al respecto, aunque con mucha grandilocuencia, la Gaceta del Gobierno del 27 de abril de 1825 informó lo siguiente:

Las plausibles noticias que […] tenemos el placer de comunicar al público, no dejan la más pequeña duda de estar consolidada del modo más irrevocable la felicidad del Perú, y la paz de todo el continente americano. El general Olañeta que, en su bárbara obstinación, pretendía anudar las cadenas, que tan solemnemente fueron despedazadas en los campos de Ayacucho, ha sido enteramente destruido. […] De este modo ha concluido en América la guerra más espantosa que han presenciado las jeneraciones; y en este memorable acontecimiento han recibido una nueva y terrible lección los despiadados opresores de pueblos inocentes.

Por su parte, el rey Fernando VII, conocedor de la resistencia de Olañeta en el Alto Perú, pese a la Capitulación de Ayacucho, decidió nombrarlo virrey del Río de la Plata, aunque desconocía que este había fallecido.

Cumplido su objetivo de derrotar a los realistas e independizar al Perú, Bolívar renunció ante el Congreso a los poderes que se le había otorgado en febrero de 1824. No obstante, el 10 de febrero de 1825, dichos poderes le fueron renovados hasta que el Congreso volviese a reunirse en 1826. El mencionado decreto indicaba lo siguiente:

Considerando:

1. 1. Que la República queda expuesta a grandes peligros por la resignación que acaba de hacer el Libertador Presidente de Colombia Simón Bolívar, del poder dictatorial, que por decreto de 10 de febrero anterior, se le encargó, para salvarla;
   2. Que solo este poder, depositado en el Libertador, puede dar consistencia a la República;
   3. Que el Libertador lo ha ejercido conforme a las leyes, en contraposición de las facultades que le ha franqueado la dictadura, dando un singular ejemplo en los anales del mundo absoluto;
   4. Que el Libertador se ha resistido a continuar en el ejercicio de este mismo poder, a pesar de habérsele conferido por el Congreso, tanto por la razón que expresa el fundamento 3º, como por la extraordinaria confianza que del Libertador tiene la nación;
   5. Que nunca ha sido observada la ley fundamental, sino bajo la administración del Libertador, a pesar de que ha estado en sus facultades suspender el cumplimiento de sus artículos;
   6. Que el Libertador ha dado los testimonios más ilustres de su profundo amor por la libertad, orden y prosperidad de la República y de su absoluta resistencia al mando:

Ha venido en decretar y decreta:

1º El Libertador queda, bajo de este título, encargado del supremo mando político y militar de la República, hasta la reunión del Congreso que prescribe el artículo 191 de la Constitución.

2º Este Congreso se reunir· en el año 26 dentro del periodo que señala la Constitución, en conformidad del artículo 53 de la misma.

3º No podrá· reunirse antes, atendida la moderación del Libertador en procurar siempre la convocatoria de los Representantes del pueblo; pero si podrá· diferirla, por esta misma razón, si lo exigieren la libertad interior y exterior de la República.

4º El Libertador podrá suspender los artículos constitucionales, leyes y decretos que estén en oposición con la exigencia del bien público en las presentes circunstancias y en las que pudieren sobrevenir; como también decretar, en uso de la autoridad que ejerce, todo lo concerniente a la organización de la República.

5º El Libertador puede delegar sus facultades en una o más personas del modo que lo tuviere por conveniente para el régimen de la República, reservándose las que considere necesarias.

6º Puede igualmente nombrar quien lo sustituya en algún caso inesperado.

Imprímase, publíquese, circúlese y comuníquese al Libertador.

Dado en la sala del Congreso en Lima a 10 de febrero de 1825.- 4o de la República.- José María Galdiano, Presidente.- Joaquín Arrese, Diputado Secretario.- Manuel Ferreyros, Diputado Secretario.

En el punto once de la Capitulación de Ayacucho se acordó que la “plaza del Callao” debía ser entregada al ejército unido en un plazo de veinte días, pero Rodil no aceptó la rendición. Es más, se propuso resistir a la espera de refuerzos de la península. En la Fortaleza del Real Felipe había soldados y, sobre todo, miembros de las élites limeñas que se plegaron a Rodil y Monet cuando tomaron la ciudad de Lima en marzo de 1824. Ante la toma de la ciudad por los patriotas, se refugiaron en el Callao. Entre ellos se hallaba Torre Tagle y su familia.

Ante esta situación, Bolívar, el 2 y 5 de enero, publicó decretos que colocaba a los rebeldes del Callao fuera de la ley. A esto se sumó el bloqueo por mar y por tierra para reducir la plaza del Callao, y la llegada de más barcos para la defensa y el secuestro de las propiedades de todas las personas que allí se hallaban. Esta acción le impidió a Rodil comunicarse con el exterior, pero sobre todo a sufrir la falta de víveres y suministros para salvaguardar a su ejército y a las personas que se encontraban refugiadas en la Fortaleza del Real Felipe.

Según Verardo García Rey, el Callao contenía demasiada gente inactiva y perjudicial para la economía de víveres, lo cual se acrecentaba con la presencia de epidemias producto de las privaciones. Por ello, Rodil tomó la decisión de reducir al pueblo refugiado, ordenando que se quedaran solo aquellas personas capaces de subsistir con sus propias provisiones o industrias. En cuatro meses, evacuó a dos mil trescientas ochentainueve personas inútiles, y trató de mantener la comodidad y salubridad de su tropa, quien luchaba contra la mala influencia del clima, la escasez y la fatiga. No obstante, la cantidad de refugiados era considerable. En el último trimestre de 1825, en la Fortaleza del Real Felipe aumentaban los enfermos y los muertos producto de las bombas y balas que llegaban en diferentes direcciones. En la madrugada del 23 de setiembre, murió Torre Tagle, víctima del escorbuto.

Rodil continuó con la resistencia y se menciona que se dispararon más de mil doscientos tiros de cañón a los sitiadores. En sus memorias, Rodil exclamaba que “Bolívar no ha de triunfar de nosotros: pertenecemos a una nación heroica que nos envía auxilio: Las Naciones son una cosa muy distinta que los grupos insurgentes seducidos o ilusos”.

La situación de los realistas en la Fortaleza del Real Felipe se hizo más difícil ante la falta de recursos. No había posibilidades de una salida victoriosa, a menos que llegaran refuerzos, pero España en ese momento no se hallaba en condiciones de enviar una fuerza militar a América. Rodil recibió 1826 con intentos de rebeliones y traiciones. El enfrentamiento más relevante en esos días fue la toma del fuerte Santa Rosa, el cual, tras un nutrido fuego y una lucha cuerpo a cuerpo, quedó en manos de los patriotas. El 9 de enero, en el Callao, se vio flamear el pabellón nacional, en la parte más alta de la Fortaleza del Real Felipe, mientras Rodil, sin dar su brazo a torcer, continuaba bombardeando desde el Torreón de la Reina.

Pero la situación era cada día más insostenible para Rodil. Las provisiones se iban acabando y su salud se deterioraba. El 11 de enero de 1826, una bandera blanca flameó en la Fortaleza del Real Felipe, y una carta llegaba a las manos del general de los patriotas, Bartolomé Salom. Rodil solicitaba tener noticias de España y la presencia de la Corona británica como garante de las negociaciones de paz. El 13 de enero se reunieron Bernardo Villazón y Juan Illingword, representantes realista y patriota. respectivamente, para intercambiar opiniones de la situación que vivían. Luego, en la fragata inglesa Briton, un representante británico ofreció al emisario realista todas las garantías para lograr una capitulación justa en honor a la lealtad que habían demostrado.

El 14 de enero de 1826, Rodil se enteró de todos los acontecimientos sucedidos en la península por medio de periódicos llevados por su emisario. Al día siguiente, escribió una misiva a Salom para llevar a cabo las tratativas de la rendición y el 17 de enero se realizó la primera conferencia para acordar las bases de capitulación. Finalmente, el 22 de enero, después de varias reuniones y complicaciones, se firmó la Capitulación del Callao. El documento, de treintaiún artículos, daba amnistía general a los habitantes del Callao y derecho a regresar a España a quienes lo desearan. Quedaban cuatrocientos soldados de los dos mil ochocientos al inicio del asedio. Al día siguiente, el ejército patriota entró en la Fortaleza del Real Felipe y levantaron la bandera peruana en uno de los torreones. El Callao se hallaba en manos patriotas de forma definitiva.

En 1826, a pesar de que las batallas decisivas por la independencia ya se habían llevado a cabo en América del Sur, hubo dos hechos que demostraron la supervivencia de ideales monárquicos. Ambos acontecimientos, lejos de constituirse en fehacientes intentos realistas por retomar sus posesiones ultramarinas, fueron más bien reflejo de las antiguas alianzas políticas locales que se entablaron desde tiempos virreinales.

La expedición o campaña de Chiloé fue una serie de operaciones militares que se llevaron a cabo entre 1820 y 1826 en el archipiélago de Chiloé, ubicado en el centro-sur de Chile, que pertenecía al virreinato peruano. Bolívar había expresado su intención de incorporar ese territorio al Perú si Chile no conseguía someterlo. De hecho, el gobierno chileno envió dos expediciones, en 1820 y 1824, sin éxito. Hacia 1826, el ejército chileno se enfrentó con mejor suerte ante la alianza realista local compuesta por españoles y chilotes. Tras varias incursiones, el bando patriota se impuso. Con la firma del Tratado de Tantauco, el 18 de enero de 1826, Chiloé se incorporó a Chile.

Mientras tanto, en el corazón de los Andes peruanos, en 1825, estalló una rebelión indígena en Iquicha, en la provincia de Huanta, en favor de la causa realista, “Dios y al Rey”, negándose a reconocer la autoridad de Bolívar y la Capitulación de Ayacucho. Los rebeldes tomaron Huanta en junio y, con ayuda de algunos húsares de Junín desafectos a Bolívar, intentaron tomar Ayacucho en julio y diciembre, sin éxito. Durante mucho tiempo, los rebeldes resistieron los diferentes embates propiciados por el gobierno peruano, llegando incluso a administrar considerables espacios agrícolas en la región. Asimismo, con el pasar de los meses, el conflicto fue tornándose intermitente y con muchos reveses por ambos bandos. Así, el 11 de julio de 1827, cerca de un año después de la primera batalla de los campesinos de Huanta, llegó al Congreso un informe redactado por Manuel del Río, ministro de Gobierno:

El gobierno ha recibido del Prefecto de Ayacucho la nota y documentos adjuntos sobre nuevos desórdenes que empiezan a brotar en los pueblos extraviados de las punas de Huanta y me ha ordenado someterlos, a la consideración del Congreso […] para que se sirvan examinarlos y señalar la línea de conducta que convenga adoptarse en un negocio tan grave como delicado […]. Es pues, incuestionable que las medidas suaves han inflamado la audacia de los perturbadores y que siendo necesario abrazar un partido para cortar la discordia, no se presenta otro que la fuerza (Husson, 1992, p. 14).

Los iquichanos fueron contenidos por las fuerzas patriotas, pero no derrotados definitivamente. Las causas de la rebelión, según Cecilia Méndez, se encuentran en la alteración del viejo pacto entre comunidades indígenas y el Estado virreinal, que les otorgaba a los iquichanos ciertos beneficios sociales y económicos, los cuales se veían amenazados con la implantación de un régimen republicano. La rebelión fue “pacificada” entre marzo y mayo de 1828, aunque la joven República peruana supo nuevamente de los iquichanos años más tarde.

El 7 de diciembre de 1824, hallándose Bolívar en Lima —mientras su ejército se preparaba para librar la batalla de Ayacucho, ganada dos días después—, él y José Faustino Sánchez Carrión, su secretario general, dirigieron una circular a los países de América, invitándolos a la designación de plenipotenciarios para el Congreso de Panamá. Al respecto, la circular señalaba:

Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por obtener un sistema de garantías que en paz y en guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino; es tiempo ya que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las Repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Entablar aquel sistema, y consolidar el poder de este gran cuerpo político, pertenece al ejército de una autoridad sublime que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga la uniformidad de sus principios y cuyo nombre solo calme nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una Asamblea de Plenipotenciarios, nombrados por cada una de nuestra repúblicas, y reunidos bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español

La idea de una solidaridad defensiva para la guerra en contra de España y de una confederación moral tanto para la paz como para la democracia fueron las banderas ideales del Congreso de Panamá y de la utopía de Bolívar. La asamblea logró instalarse en la ciudad de Panamá el 22 de junio de 1826 y dejó de sesionar el 15 de julio. Asistieron representantes del Perú, Gran Colombia, México y las Provincias Unidas de Centro América.

El proyecto de Bolívar era muy ambicioso, pero otro similar resultaba a su parecer más factible: la Federación de los Andes, la unión de la Gran Colombia, Perú y Bolivia, bajo un único gobernante y una carta. Precisamente, cuando Bolívar se encontraba en Lima trabajando su proyecto de Constitución Vitalicia, malas noticias sobre la situación política en Colombia le llevaron a tomar la decisión de regresar para resolverlos. La noticia no fue grata para el Perú. Los esfuerzos hechos en Lima para retenerlo fueron múltiples. Por ejemplo, el vecindario de San Lázaro se presentó en la calle de Palacio el 13 de agosto con una ruidosa música, y luego llegaron personas de otros barrios en tropel, para pedir a gritos que Bolívar no se marchara. Asimismo, gestos de súplica también elevaron miembros de la municipalidad, la corte suprema, la corte superior, el cabildo eclesiástico, el ejército, el consulado, la universidad, el protomedicato, y otras corporaciones.

En este contexto, no extraña la gran fiesta que se organizó para la celebración del aniversario de su llegada el Perú, el 1 de setiembre. Sin embargo, Bolívar se retiró secretamente de esta fiesta y se dirigió al Callao para embarcarse en el bergantín Congreso, el cual se dio a la vela al amanecer del 4 de setiembre de 1826. Partió de Lima muy agradecido por los gestos, dejando al Consejo de Gobierno integrado por Andrés de Santa Cruz, José de Larrea y Loredo, José María Pando, y Tomás de Heres. Bolívar no regresó al Perú.

En la cúspide de su popularidad, el 10 de febrero de 1825, el Congreso otorgó otra vez poderes dictatoriales a Bolívar, para luego, un mes después, cesar sus funciones. Gracias a ello, a pesar de una tentativa de organizar una nueva asamblea, Bolívar obtuvo el espacio suficiente para proseguir con su más ambicioso objetivo político: la construcción de un gigantesco Estado multinacional en América del Sur. Un paso importante para iniciar este proyecto fue la redacción y aprobación de la Constitución Vitalicia.

De acuerdo con el plan de Bolívar, la Constitución Vitalicia, elaborada por él mismo, debía promulgarse con mínimas modificaciones tanto en Bolivia como en el Perú. Según lo previsto, el 1 de julio de 1826, el Consejo de Gobierno peruano, liderado por Andrés de Santa Cruz, fiel seguidor de Bolívar, aprobó la nueva Constitución. Ante la ausencia de una asamblea nacional, la carta pasó a manos de los colegios electorales para su ratificación; fue el ubicado en Lima el primero en darle el visto bueno. Con el transcurrir de los días, los demás colegios hicieron lo propio, con lo cual la carta fue aprobada de manera unánime el 30 de noviembre de 1826, bajo la condición de que Bolívar fuera el elegido para recibir la banda presidencial. Así, en el Registro Oficial de la República Peruana del 5 de diciembre de 1826, se indica que

Después de proclamada con toda la posible solemnidad esta LEY FUNDAMENTAL en todos los pueblos de la República, se procederá el día nueve de diciembre próximo, aniversario de la gloria jornada de Ayacucho, que decidió la Independencia Peruana, á la prestación del juramento de guardar, cumplir, y observar la nueva Constitución del Estado, por todos los funcionarios públicos de la Capital.

En términos generales, la Constitución Vitalicia buscaba implantar un gobierno de tipo conservador que centralizaba el poder político en la figura del presidente, mantenía en el poder a un grupo de representantes por amplio tiempo y limitaba la participación electoral popular. El Estado peruano quedaba dividido en cuatro poderes. El Ejecutivo estaba compuesto por un presidente vitalicio, un vicepresidente y cuatro secretarios de Estado. El Legislativo, por tres cámaras (tribunos, senadores y censores) de veinticuatro miembros cada una (los tribunos duraban en el cargo cuatro años; los senadores, ocho; y los censores eran vitalicios). El Cuerpo Electoral, por electores nombrados por los ciudadanos con derecho a voto (los electores duraban cuatro años, y entre sus atribuciones estaban las de nombrar por primera vez a quienes debían componer las cámaras, elegir o proponer en terna a los que debían renovarlas, y a los miembros de las cortes judiciales, jueces y empleados públicos, incluyendo prefectos y gobernadores). Respecto a la organización interior de la República, cada departamento estaba gobernado por un prefecto; las provincias, por un subprefecto; y los cantones, por un gobernador. Los municipios quedaban suprimidos.

Esta Constitución Vitalicia, sin Bolívar presente, pronto perdió apoyo y no llegó a aplicarse. El 26 de enero de 1827, la tercera división del ejército colombiano asentado en Lima se amotinó por la falta de pago y su descontento con los venezolanos, pidiendo que se repusiese la Constitución de 1823. El cabildo de Lima secundó la propuesta. Al día siguiente, Santa Cruz se vio obligado a suspender la Constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. El régimen bolivariano llegaba a su fin.