Los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar no creyeron en la democracia ni en un gobierno representativo liberal. No al menos en la forma en que hoy pensamos sobre ellos, es decir, con derechos políticos que permitan el voto universal de hombres y mujeres, sin distinción social, así como su participación en el gobierno, además de derechos civiles amplios y ciertos derechos sociales. A lo que se agrega la existencia de diversas instituciones que garanticen la división de poderes. El primero pensaba que el mejor gobierno para el Perú era una monarquía constitucional, y el segundo, un gobierno con un presidente vitalicio. Ambos habían llegado a ese tipo de planteamientos políticos debido a su propia experiencia. Las provincias en Río de la Plata o en Nueva Granada, tras la ganada autonomía e independencia, no eran ejemplos de estabilidad política, sino más bien todo lo contrario. La lucha por el poder generó inestabilidad. Para los libertadores eso era señal que un gobierno liberal, ya no democrático, no resultaba posible en América hispana. Las condiciones sociales y culturales, según ellos, no las hacían aptas para tal sistema. Para tener un gobierno estable, era necesario mantener el orden, eliminado aquello que genere discordia, como la elección periódica del presidente o los representantes en el Congreso. Además, resultaba indispensable limitar los derechos ciudadanos a grupos sociales con determinadas características sociales, económicas y culturales consideradas “civilizadas”. En cierto sentido, podríamos concluir en que los libertadores, pese a sus acciones, no tenían un pensamiento muy revolucionario.
La guerra de independencia no fue una revolución social, mas sí puede entenderse como una revolución política. De hecho, los proyectos políticos de los libertadores fueron rechazados por las élites peruanas. Se impuso el sistema republicano. A diferencia de Europa, en el Perú no se volvió a un gobierno monárquico. Como sabemos, la vida política del Perú republicano no se caracterizó por su estabilidad. Con todo esto, los nuevos valores políticos que legitimaban el gobierno republicano permitieron no solo cambios políticos, sino también sociales. Ciertos valores sociales jerárquicos, basados en la tradición o en la religión, fueron cuestionados por los valores liberales y los derechos ciudadanos establecidos en las Constituciones políticas. Todo ello fue un proceso lento, más aun porque surgieron nuevas formas de desigualdad social. El sistema republicano no evitó que surgieran gobiernos autoritarios, como el de ciertos caudillos, pero aun ellos se legitimaban bajo la defensa de los intereses de la nación o el pueblo. Y los mismos argumentos llevaba a acabar con esos gobiernos. La independencia nos legó una nueva forma de gobierno, pero que no era algo acabado o perfecto. De hecho, se halla en permanente construcción.
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En 1826, tras la partida de Bolívar a la Gran Colombia, el Perú pronto dejó de lado sus planes federales y desechó la Constitución Vitalicia. La permanencia de Bolívar en el Perú tras la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824, se puede atribuir al prestigio ganado, pero también a que su figura política no tenía competencia y eso aseguraba cierta estabilidad. Su ausencia pronto se hizo sentir en la política nacional. Solo entre 1827 y 1845, incluyendo la Confederación Perú-boliviana, el Perú tuvo once gobiernos y nueve presidentes, sin contar a los que tuvieron el cargo solo días o semanas. De ellos, el único civil fue Manuel Menéndez, presidente provisorio dos veces.
El liderazgo político de los militares que lucharon en la Independencia del Perú fue inevitable. En el contexto de guerras civiles, la carrera militar adquirió prestigio por ser una rápida vía de movilidad social y porque se consideró al caudillo militar como el líder político nato. Ellos, de acuerdo con la opinión pública de entonces, tenían no solo el prestigio político y social de haber luchado contra la opresión española, sino que además su función era la de proteger a la nación.
Al caudillo militar se le considera el claro ejemplo del fracaso del gobierno representativo en América Latina y el Perú. Este gobierno se basaba en elecciones periódicas en la que se elegía al presidente de la República y a los representantes de las regiones en el Congreso, con un pueblo que participaba en la política, en las elecciones, y también expresando su opinión en la prensa. De acuerdo con este modelo, una nación republicana no podía ser gobernada por estos líderes que accedían al poder mediante la violencia, que actuaban de forma despótica, personalista, y manipulando las instituciones, a conveniencia de sus redes de clientela, que compensaba con ascensos militares y puestos en la burocracia, además de otros favores.
Empero lo mencionado, las acciones de estos caudillos no eran arbitrarias y se llevaron a cabo dentro de canales institucionales para legitimar su poder. De hecho, las revoluciones se hacían en nombre del pueblo, argumentando que no se había respetado la Constitución o que el gobernante era ilegítimo porque gobernaba en favor de un grupo y no de la nación. Una vez que el golpe de Estado tuviera éxito, se procedía a convocar elecciones y, en varias ocasiones, a elaborar una nueva Constitución política. Como menciona Cristóbal Aljovín, los caudillos legitimaban sus acciones bajo un discurso político republicano que mostraba desconfianza hacia el mandato representativo, y que hacía hincapié en la indivisibilidad de la soberanía popular, en los derechos irrenunciables del “pueblo” que, en caso de traición, podía participar políticamente de forma directa usando incluso la fuerza.
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La Constitución es fundamental para la legitimidad del régimen político dado que es el instrumento legal que define el pacto social. En términos generales, se compone de dos partes. Una que plantea cuáles son los derechos civiles, políticos y sociales de los individuos, y otra que establece la forma del Estado con la división y balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De forma estricta, la historia constitucional peruana empieza a fines del periodo virreinal con la promulgación de la Constitución de Cádiz, en 1812, que estableció una monarquía constitucional que anuló la desigualdad estamental, al reunir bajo el término español y ciudadano a criollos americanos, peninsulares, indígenas e incluso a los descendientes de africanos (aunque condicionado a sus servicios a la nación). De esta manera, desapareció legalmente las repúblicas de indios y de españoles, y abolió el tributo indígena. Asimismo, estableció el derecho al voto para elegir representantes en las cortes y las autoridades municipales, y garantizó la libertad de imprenta. Si bien la experiencia fue corta, es innegable que las Constituciones republicanas tomaron elementos de esta Constitución, así como de otras, como la francesa o la estadounidense.
Además de otorgar legitimidad a los gobiernos, la Constitución es un instrumento legal que marca las pautas de las relaciones políticas dentro y fuera del Estado. Con rapidez, las élites políticas, caudillos y civiles debatieron acerca de qué tipo de Constitución era la más apta para el Perú. Por entonces, había una excesiva fe de que una carta bien estructurada podía garantizar el orden político. La Constitución fue un tema de debate y lucha política. Estos debates se centraron sobre todo en las mayores o menores atribuciones brindadas al Congreso o al Poder Ejecutivo, es decir, en cuál debía recaer mayores atribuciones para mantener el orden o contener posibles abusos de autoridad del presidente. En ese mismo sentido, va el asunto de la organización interior de la República, si la administración de los departamentos, provincias y distritos se halla a cargo de instituciones elegidas por la población, como las juntas departamentales y municipios o nombradas de manera directa por el presidente, como eran los prefectos y subprefectos.
Este debate —que movía a muchas guerras— mostraba la tensión que existía entre diferentes intereses y exigencias sociales y políticas para lograr la integración nacional. Estas expresaban dos modelos de concebir el Estado y el poder político que, en términos muy generales, podemos definir como centralista y descentralista o conservador y liberal. Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede definir las Constituciones del siglo XIX del siguiente modo:
1823: liberal
1826: conservadora
1828: liberal
1834: libera
1836: conservadora y federal (Estado Nor-Peruano y Estado Sud-Peruano)
1839: conservadora
1856: liberal
1860: moderada
La ciudadanía es un estado de igualdad. Esta supone que los individuos dentro de una comunidad comparten los mismos derechos y deberes. De acuerdo con un texto clásico de T.H. Marshall, en la ciudadanía se pueden distinguir analíticamente tres elementos:
- Se halla conformado por los derechos necesarios para conservar la libertad individual (de la persona, expresión, religión, etc.).
- Política. Consiste en el derecho a participar en el ejercicio del poder político como elector o como funcionario político.
- Se trata del derecho al bienestar económico, a participar en el patrimonio social y riqueza de la comunidad. El objetivo es contar con una vida conforme con los estándares de la sociedad.
Para que estos derechos sean efectivos, deben ser garantizados por el Estado y sus instituciones. En principio, debe existir una legislación general para toda la comunidad y no, como en la época colonial, leyes específicas para cada grupo social o corporación. Por ello la importancia de los códigos civiles y penales, que en el Perú se establecieron en la segunda mitad del siglo XIX. En las Constituciones peruanas del siglo XIX, se puede identificar el reconocimiento de derechos civiles y políticos, el único derecho social es el de la educación.
Pero este reconocimiento constitucional no supuso la conformación de un aparato institucional de alcance nacional que garantizara la extensión de los derechos ciudadanos. Hubo varios obstáculos estructurales para el desarrollo de la ciudadanía: la desigualdad (económica, social y política) entre el campo y la ciudad, la falta de una centralización del poder político, y las diferencias étnicas y de género. Aunque es necesario aclarar que muchos de estos problemas eran comunes en América Latina y Europa. Por ejemplo, la ciudadanía estaba restringida a la población masculina. La mujer estaba bajo la potestad del padre o del esposo. No tuvo derechos políticos hasta el siglo XX. Incluso dentro de la población masculina los plenos derechos políticos (elegir al representante político o poder ser elegido) tenía restricciones de orden económico (poseer renta o propiedad) y social (saber leer y escribir, no ser sirviente). Es cierto, sin embargo, que, a comparación de Europa, los sectores populares e indígenas tenían más oportunidad de elegir autoridades en tanto la legislación tenía restricciones más relajadas, pero no podían ser elegidos como autoridad. El presidente, los diputados y senadores eran de la élite social, económica y política.
Respecto a los derechos civiles, hubo muchos espacios en los que la autoridad no llegaba o simplemente no contaba con el poder de hacer cumplir la ley, como en las haciendas. Por otra parte, los intereses económicos podían prevalecer sobre los derechos civiles, como en el caso de la esclavitud que se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Los prejuicios raciales eran también un obstáculo. Los libertos, por ejemplo, vieron limitados sus derechos debido a su “raza”. Asimismo, la población nativa o tribal fue considerada salvaje, sin capacidad de que sus miembros puedan convertirse en ciudadanos debido a los “problemas” de su raza. Es más, no fueron considerados peruanos.
La Independencia del Perú fue una revolución política. No fue una revolución social. Sin embargo, tuvo un impacto social importante, dado que quitó del poder a la élite española, que tuvo el control del Estado y ventajas sociales sobre el resto de la sociedad. Durante el Protectorado, muchos grandes comerciantes y nobles se fueron del país y sus propiedades fueron repartidas entre los militares. Una parte de la antigua élite se fue y otra la reemplazó. La abolición de ciertas restricciones de origen social o el color de piel fueron menos determinantes para acceder a puestos de autoridad. La carrera militar, por ejemplo, fue una vía de ascenso social para muchos individuos que en la época colonial no hubieran podido siquiera acceder al Palacio de Gobierno. Ese fue el caso de Agustín Gamarra, presidente de la república entre 1829-1833 y 1839-1841. Él fue un mestizo que nació en el Cusco, que dejó su preparación para el sacerdocio y se enroló en el ejercito realista, para después pasarse al patriota. El poseer cierto capital social o cultural le permitió a Ricardo Palma, un mulato, a decir de sus contemporáneos, sobresalir en la prensa política. La población indígena, por otra parte, podía votar y, con ello, negociar su apoyo a los caudillos militares.
Estos casos puntuales, en el contexto de las luchas de caudillos, muestran cambios. No obstante, la sociedad no era igualitaria. A la ya conocida situación dependiente de la mujer, se agrega el rechazo al indígena y su cultura, a los esclavos y su condición. Se suele mencionar que son parte de la “herencia colonial” que la independencia no pudo abolir. Herencia que demuestra lo inacabado o incompleto de nuestra República. Esa es una percepción errónea, influida por el discurso liberal decimonónico. Esas desigualdades son más bien propias de la República, y fueron justificadas, en parte, por el discurso liberal. Ello tampoco fue por una distorsión del pensamiento liberal en el Perú. En Estados Unidos y Europa, el liberalismo convivía con esas desigualdades y las justificaba. El no dar derechos políticos a la mujer se basaba en explicaciones ilustradas relativas a su incapacidad de razonar y de estar más influida por los sentimientos. Negar derechos a los indígenas o los afrodescendientes se explicaba por su poca o nula capacidad racional que los llevaba a tener costumbres bárbaras. En ese punto no había muchas diferencias con los conservadores. Las desigualdades sociales y económicas no eran la prioridad de la política en el siglo XIX; estas debían ser resueltas por el libre mercado o a la instrucción.
Saber leer y escribir, además de ser un requisito para votar en los siglos XIX y XX, fue un indicador importante para conocer el grado de desarrollo social de un país. Así, por un lado, nos permite conocer el grado de alcance geográfico e inversión del Estado en la educación de sus ciudadanos, y, por otro, saber de las condiciones sociales de su población dado que su nivel cultural tiene efectos en el grado de integración económica, social y política.
Veamos algunos datos del censo de 1876. El Perú tenía, por entonces, 2,339,237 habitantes mayores de cinco años. De ese total, el 2 % sabía leer; el 16 %, escribir; y el 82 % era analfabeto. Si se desagrega los datos por regiones, se observan ciertas características generales. El analfabetismo afectaba sobre todo a las zonas rurales donde la población indígena era mayoritaria. Las zonas urbanas, en particular de la costa, son las de mayor tasa de alfabetización. Por ejemplo, en el Cusco y Puno, donde la población indígena era de más del 90 %, la tasa de analfabetismo era del 94 % y 97 %, respectivamente, mientras que Lima tenía el 57 %. Esta tendencia no va a cambiar mucho a inicios del siglo XX: entre 1902 y 1940 la tasa de niños con instrucción a escala nacional creció del 29 % al 35 %, pero la sierra fue el lugar donde casi no se experimentaron mayores cambios, con una tasa que apenas varió de 21 % a 24 %, mientras que en la costa pasó de 37 % a 49 %. Lima tuvo el crecimiento más notable: su tasa pasó del 50 % al 77 %.
Una explicación a esta alta tasa de alfabetización se encuentra en la falta de recursos del Estado para disponer de escuelas y maestros en cada pueblo. Si bien eso es cierto, también lo es que ideológicamente la política educativa en el siglo XIX dio prioridad a los sectores urbanos medios y altos. Hubo temor en instruir a los sectores populares e indígenas porque ello podía causar desordenes sociales. En el siglo XX, durante el periodo de la República aristocrática, la inversión en educación aumentó, pero, como muestran las cifras, los resultados no cambiaron.
Esta alta tasa de analfabetismo mellaba o en todo caso dificultaba la puesta en práctica de ciertos derechos civiles, como el entablar juicios, leer prensa, etc. En Puno, por ejemplo, la población indígena que hablaba quechua o aimara no tenía oportunidades de trabajo fuera de su comunidad. Tras la reforma electoral de 1896, además, los analfabetos no podían votar. Con la legislación electoral anterior, los requisitos eran más amplios y no excluyentes. Así, si se era analfabeto, pero se tenía propiedades, eras posible votar y viceversa. Pero con la nueva norma solo se exigió saber leer y escribir, excluyendo básicamente a la población indígena.
La población africana traída al Perú como esclava para trabajar en las haciendas de la costa y en las ciudades no era a fines del siglo XVIII una población muy numerosa. En todo el virreinato, apenas representaba el 3.75 %. No obstante, en la intendencia de Lima representaba el 20 %, y en la ciudad de Lima, el 25 % del total de la población. Desde finales del siglo XVIII, Inglaterra impulsaba una política de prohibición del tráfico de esclavos y en Francia se abolió la esclavitud. Había, en tal sentido, un movimiento político en contra de esta práctica, pero en muchos lugares la esclavitud, por cuestiones económicas, se mantuvo hasta mediados del siglo XIX, como en el caso del Perú o los estados del sur en Estados Unidos.
En el Perú, en las guerras de independencia, tanto los patriotas como los realistas prometieron la libertad a los esclavos que lucharan en sus respectivos ejércitos. San Martín durante su Protectorado no declaró la libertad general de los esclavos. Estableció el 12 de agosto de 1821 la «libertad de vientres», es decir, que a partir del 28 de julio todos los que nacían en el Perú eran libres. No obstante, al poco tiempo, el 24 de noviembre, se estableció un decreto que obligaba a los niños recién nacidos a permanecer con sus amos hasta los veinticinco años, y a las niñas, hasta los dieciocho. Su condición era la de liberto, dependía de su amo, no era una persona libre. Por ejemplo, por esa condición de dependiente, no podía votar.
El mantenimiento de la esclavitud se debió a intereses económicos de los hacendados costeños propietarios de esclavos. Aunque el propio Estado, como propietario de haciendas, también tenía esclavos. ¿Cómo la República peruana, basada en principios de libertad individual, de crítica de la opresión colonial, pudo mantener la esclavitud? Aquí el debate político ponía en una balanza los derechos individuales y los de propiedad. Pero a ellos se agregaba el interés general de la “nación”. José María Pando, ministro de Gobierno, en su Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de 1833 sintetizaba esas ideas a favor del derecho de propiedad de los propietarios de esclavos. Pero también dejaba claro que los esclavos eran individuos que debían ser sometidos a supervisión porque su libertad solo aseguraba el aumento de los crímenes. Así, el 24 de diciembre 1839, el Congreso General de Huancayo estableció una ley que modificaba el decreto de San Martín al ampliar la edad a cincuenta años para los nacidos de esclavos en 1821. Un retroceso.
Pese a esta situación legal, había un movimiento político a favor del abolicionismo en la prensa y en ciertos círculos liberales de abogados que incluso ayudaban a los esclavos para conseguir su libertad. Asimismo, los esclavos se rebelaron, fugaron o compraban su libertad. Es en este contexto cuando, en plena guerra civil entre Ramón Castilla y José Rufino Echenique, a fines de 1854, se abolió la esclavitud. No obstante, la conseguida libertad de los afroperuanos no los libró de los prejuicios raciales.
El tributo indígena fue establecido en el virreinato peruano y fue considerado en la República como injusto dado que solo lo pagaban los indios. No obstante, en el virreinato, este pago les daba ciertos privilegios a los indígenas, como no ser esclavizados o garantizar la propiedad comunal de sus tierras. En la República, se abolió este tributo, pero ante las necesidades del fisco se le restableció con el nombre de “contribución indígena”. El problema, desde el punto de vista de los derechos civiles, era que los impuestos deben pagarlos todos los ciudadanos por igual y no solo un grupo particular. Hubo rechazo social desde los sectores criollos o mestizos para pagar este tipo de contribuciones. Con todo, para los indígenas el pago de esta contribución les otorgaba derechos de posesión sobre las tierras comunales. Esto era muy importante porque la política económica, tras la independencia, buscaba liberalizar la propiedad agraria. De hecho, en 1825, Bolívar firmó un decreto al respecto con el objetivo de desaparecer la propiedad comunal indígena. El objetivo era modernizar la agricultura, y de paso, al indio, al convertirlo en propietario individual. Pero esta medida no llegó aplicarse de manera general por el temor de las autoridades a que sucedieran revueltas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, las tierras comunales no se vieron amenazadas por las haciendas por el estancamiento económico y el limitado comercio exterior que no estimulaba su crecimiento. Por otra parte, la actividad económica de la población indígena mostró una gran actividad en los mercados interregionales, las ferias anuales, la industria del arrieraje, la producción artesanal, el comercio de lanas y la mano de obra eventual en los campamentos mineros, entre otros. Este contexto cambió a mediados del siglo XIX.
El Código Civil de 1852 abolió la propiedad comunal de la tierra y en 1855 se abolió el tributo indígena. En conjunto, el sentido de estas reformas era convertir a los indios en trabajadores asalariados necesarios para la actividad minera de la sierra y la agricultura de la costa. Sin embargo, las haciendas andinas, sobre todo en el sur, empezaron a crecer a expensas de las tierras comunales y a convertir a los indígenas en trabajadores serviles. Estas medidas, en lugar de beneficiar a los indígenas, los perjudicaba. A pesar de esta tendencia, hubo zonas como la sierra central donde las comunidades indígenas fueron más importantes que las haciendas y tuvieron una creciente actividad comercial.
Una vez más la crisis del fisco llevó a que el Estado restablezca el tributo o contribución de indígenas, pero esta vez sin los derechos a los que se asociaban (propiedad de la tierra). Pero la fuerte resistencia de los indígenas hizo desistir al Estado de su implementación. Ejemplos de ello fue el levantamiento de las comunidades pastoriles de Huancané (Puno), en 1866, o la rebelión de Atusparia en Huaraz, en 1885, que sufrieron una fuerte represión.
Durante el virreinato, la economía del territorio peruano estaba en función de los intereses de la metrópoli. Ningún otro país podía comerciar con el Perú, incluso el comercio entre virreinatos estaba prohibido. La idea era que América fuese el mercado de los productos de la península y, a su vez, este le proveyera de plata de las minas de Potosí y Zacatecas. Se trató de un sistema comercial monopólico, mercantilista, en el que solo Sevilla y unos cuantos puertos de América podían comerciar entre sí. En el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, el comercio se liberalizó, pero solo lo hizo para abrir más puertos al comercio entre la península y América. No intervenían, al menos legalmente, otros países. Si bien es cierto que los burócratas ilustrados fomentaron actividades económicas productivas como la agricultura, el alza de impuestos indirectos (como la alcabala) les quitó incentivo. Es evidente que este sistema generó críticas en ciertos grupos de las élites criollas, pero el tema de la política económica no fue uno de los factores que movilizaron a los independentistas, por más apoyo que los ingleses (interesados en el mercado hispanoamericano) les dieran. Al menos parece que en el Perú no fue así.
La Independencia del Perú significó, en el aspecto económico, la caída del mercantilismo y monopolio colonial español. Se dejaba atrás un capitalismo comercial basado en la exportación de la plata por la hegemonía del capitalismo industrial. ¿Estaba el Perú, en ese momento, libre y abierto al mundo, preparado para aprovechar las bondades del nuevo contexto económico? Fuera de su rol como mercado para productos manufacturados no parecía tener otro papel más activo. La producción minera decayó ante la falta de protección del Estado (en forma de tributos y provisión de mano de obra) y la producción agrícola se limitó al consumo local. No se exportaban grandes cantidades de bienes. El azúcar con Chile, y la lana de oveja y las fibras de alpaca no tuvieron un impacto importante en el fisco o en la economía nacional. Eso significa que el Perú estaba compuesto por regiones económicamente desarticuladas, y que competían por controlar el Estado para definir una política económica favorable a una y perjudicial a otra.
A mediados del siglo XIX, con la demanda de fertilizantes en los campos europeos necesitados por aumentar su producción agrícola, el Perú consiguió ofrecer un producto de gran demanda mundial: el guano. Salvo extraerlo de las islas de Chincha, el Estado —que tomó posesión del bien— no tenía que hacer más. Con grandes recursos se pagaron deudas, se financiaron algunos proyectos y el Estado creció. Como concluyó Basadre, este fue una prosperidad falaz. Hizo rico a algunos, pero en general no mejoró el nivel de vida de la población.
El capitalismo industrial significó un cambio importante en el rol económico global de las economías latinoamericanas no solo por convertirse en un nuevo mercado para su producción manufacturera, sino por demandar nuevos productos que desplazaron en importancia a la minería de la plata por otras materias primas (productos alimenticios u otros mineros como el cobre). Bajo la idea de las ventajas comparativas, que señala que en el comercio internacional cada país debía especializares en intercambiar bienes que pueda producir a bajo costo respecto a otros países, el Perú ¿qué podía exportar? Materias primas, evidentemente. No había otra opción. Carecía de tecnología. Las universidades apenas tenían vida académica y las ciencias estaban muy poco desarrolladas. No tenía mano de obra proletarizada y mucho menos especializada. Dominaba la relación laboral premoderna en las haciendas, y en las comunidades, la población indígena no tenía muchos incentivos para cambiar su forma de trabajo. Además, en las ciudades, no había una oferta laboral atractiva. Los gremios de artesanos apenas podían sobrevivir ante la competencia de productos baratos que se manufacturaban en el extranjero y se ofrecían en la capital. No había capitales. La guerra de independencia había arrasado con los recursos económicos de los privados y del propio Estado.
A todo esto, el problema más grave era que el Perú no tenía mucho que ofrecer al mercado europeo. Su posición en el océano Pacífico encarecía el comercio de sus productos. El precio del bien debía ser muy alto para que tuviera réditos. En la década de 1830, la oportunidad se dio. La demanda fabril de lanas de ovejas y fibras de auquénidos aumentó su valor, y su exportación en el sur andino y el altiplano vivió un bum. Este comercio enriqueció a muchos comerciantes y hacendados, como al puneño Juan Bustamante, quien pudo viajar por el mundo y escribir sobre su experiencia en Europa y Asia. Este bum no mejoró las condiciones de los trabajadores indígenas, tampoco se invirtió mucho en mejorar la calidad y volumen de la lana.
A mediados del siglo XIX, se descubrió que el excremento de aves guaneras en las islas de Chincha depositadas durante siglos era un fertilizante apropiado para los campos europeos. El Perú pudo ofrecer un producto de interés para el mundo y monopolizarlo para su beneficio. El pago de deudas externas e internas le abrió las finanzas del mundo, con préstamos, bancos, etc. La ciudad de Lima y el Callao se modernizaron y aumentaron su consumo de productos importados. El sector de servicios creció de forma considerable. Fue el único que se desarrolló. Todo cayó cuando el guano bajó en su producción. La guerra del salitre —otro fertilizante— terminó con la prosperidad falaz.
Durante la colonia, la minería fue una actividad económica fundamental. Las minas de plata de Potosí, en el Alto Perú, creó un espacio regional que se articulaba con Lima, el sur andino y las provincias de Tucumán. Esto significa que su producción fomentó otras actividades económicas, como la producción de alimentos y coca, la cría de animales, el comercio de bienes para abastecer a la ciudad de Potosí y sus trabajadores. Este espacio se vio afectado por las reformas borbónicas y el proceso de independencia, al desarticularse por la creación del virreinato de Río de la Plata y, después, la República de Bolivia, que marcaron sus fronteras. Con todo, el sur peruano (Arequipa, Cusco, Puno y Tacna) mantuvo una fuerte relación comercial con Bolivia, conectando el altiplano con la costa sur del país. Al caer la demanda de la plata y aumentar la de productos como la lana, este espacio entró a un proceso de desarticulación económica y social.
La minería en la colonia tuvo un fuerte apoyo del Estado. Además de los bajos impuestos, le facilitaba insumos como el mercurio, y le proveía de trabajadores gratuitamente, gracias a la mita minera. Con la independencia, esa protección se pierde. La minería republicana sufrió de falta de mano de obra, insumos como el mercurio y proveedores, técnicas y tecnologías para la mejora de la explotación de los recursos mineros, a lo que se suma las malas condiciones de transporte. A eso se agrega el hecho de que la guerra de independencia afectó la producción, pues se destruyeron instalaciones para evitar que el enemigo se apropiase de plata. Finalmente, no había mucho capital para invertir en la producción.
Con todos estos problemas, la producción minera de plata continuó en el siglo XIX. El principal yacimiento minero se ubicaba en Cerro de Pasco. Esta región, en el virreinato peruano, había reemplazado en el siglo XVIII a Potosí como productor de plata. Durante las primeras décadas, tras la independencia, en aquella región se produjo más del 65 % de la plata que el Perú exportaba. No obstante, su producción no fue sostenida, no tanto por falta de demanda, sino por problemas técnicos para extraer el metal. La producción no se hacía a gran escala; las minas eran de tamaño pequeño y mediano. Esta actividad benefició a la región central, al fomentar la actividad agrícola y comercial. Pero, a partir de mediados del siglo XIX, la producción decayó.
Otros yacimientos menores se ubicaron en Arequipa (Caylloma), Cajamarca (Hualgayoc), Huancavelica (Castrovirreyna), Lima (Yauli y Morococha), Puno (Lampa) y Tarapacá (Huantajaya).
Las actividades económicas en el Perú exhibían un país desarticulado. Cada región se beneficiaba de alguna actividad que no se relacionaba con otras, incluso sus negocios estaban vinculados con otros países. Así, mientras el norte y el centro establecían intercambio comercial con Chile, el sur y el altiplano peruano estaba integrado con Bolivia y las exportaciones. Y así se buscó que se mantenga. No obstante, en tanto la economía peruana se articulaba con la economía mundial, se esperaba que su mercado se encontrara abierto al comercio sin barreras arancelarias de ningún tipo o, en el peor escenario, con tasas muy bajas. Al respecto, el Estado tenía un rol económico clave como único responsable de establecer estos aranceles. En un contexto de desarticulación económica regional se esperaría que el poder político buscase soluciones que beneficiaran al conjunto. Tal situación no se dio. Se buscó imponer por la fuerza determinada política arancelaria. De hecho, los libertadores San Martín y Bolívar estaban convencidos en que una política económica librecambista era necesaria para que el Perú progresara. Bolívar fue quien con mayor entusiasmo intento liberalizar el comercio, la propiedad agraria, desnacionalizar las minas para que pasen a manos extranjeras, etc. No tuvo éxito y consiguió más bien rechazo.
Como menciona Paul Gootenberg, las luchas entre los caudillos peruanos, tras la independencia, pueden entenderse también como una disputa por establecer una política económica nacionalista y proteccionista contra otra librecambista. La primera fue defendida por las élites del norte y la costa central, en particular los comerciantes limeños, y planteaba que era necesario mantener tasas altas de impuestos a los productos importados para proteger la producción nacional de los agricultores, artesanos y obrajes. La segunda, por las élites del sur (agricultores y mineros) y los comerciantes extranjeros de Arequipa y Lima que buscaba aranceles bajos de importación para un comercio más fluido con Bolivia en particular y el exterior en general. Tal vez el punto más álgido de esta disputa ocurrió cuando se impuso la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), que significó el éxito momentáneo de la opción librecambista.
Estas disputas entre librecambistas y proteccionistas acabaron con la era del guano, a favor de los primeros. El Estado peruano recibía altos ingresos fiscales por la exportación del guano, no necesitaba poner restricciones arancelarias ni ceder a las presiones de los comerciantes limeños que, hasta entonces, prestaban dinero al fisco. Aquellos que se hallaban afectados por los productos importados solo les quedaba competir o desaparecer. Ocurrió lo segundo.
